La fiscal Cristina Caamaño, titular de la agrupación Justicia Legítima, espacio cercano al kirchnerismo, fue confirmada este jueves como la nueva interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), una de las áreas más conflictivas del Estado para el actual Gobierno.
La funcionaria del Ministerio Público se reunió con el presidente Alberto Fernández y aceptó ocupar el cargo en la ex SIDE, que, como había adelantado el mandatario nacional en su discurso de asunción, será fuertemente reestructurado.
El jefe de Estado ya había anunciado que “antes de este viernes” se iba a conocer a la persona que estará al frente de la AFI durante el periodo de transición. Finalmente, el puesto quedó en manos de Caamaño: también sonaban para esta tarea la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, y en menor medida, el empresario José “Pepe” Albistur.
En su discurso ante la asamblea parlamentaria, el Presidente anticipó que el Gobierno iba a intervenir el organismo e “impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado”.
Además, una de sus primeras medidas fue derogar el decreto que establecía “el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia” y redireccionó ese presupuesto para financiar el denominado Plan Contra el Hambre.
Con la decisión consumada, Graciana Peñafort, recientemente designada directora general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, fue la primera en halagar la designación. “Enorme alegría la designación de Cristina Caamaño como interventora de la AFI y gran eleccion de Alberto Fernández . Esa fiscal tuvo a su cargo las escuchas. Jamas se filtro ninguna”, destacó la abogada .
Entre sus antecedentes, la presidenta de Justicia Legítima, agrupación cercana a las ideas del kirchnerismo, cuenta con haber dirigido el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) durante la administración de Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación.
La funcionaria permaneció en ese cargo hasta que el entonces presidente Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 256/2015 a finales de diciembre de 2015 para transferir la administración de las escuchas telefónicas pedidas en el marco de causas judiciales, tarea que estaba a cargo de la DICOM, al ámbito de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez designó a la Cámara Federal porteña para ocuparse de esto.
En tanto, la ex SIDE siempre fue un área criticada por muchos sectores que consideraron que el organismo sirvió a lo largo de sus 36 años de existencia en democracia para influir en los tribunales de Comodoro Py, intervenir teléfonos sin orden judicial o recolectar información de la vida privada de propios y extraños para proteger a los poderosos de turno.
“Nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno, nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda. Cuando digo nunca más es nunca más. Porque una Justicia demorada y manipulada significa una democracia acusada y denegada", señaló Alberto Fernández el día que asumió la Presidencia, al momento de anunciar los cambios en la AFI.
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