El Gobierno prepara un ejército de fiscales con foco en territorio bonaerense

En silencio, sin Big Data, algoritmos o segmentaciones, las vedettes de los cerebros de la campaña, el Gobierno prepara un ejército de fiscales que en las primarias del domingo 11 deberán cuidar los votos de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y los candidatos del oficialismo en todo el país, con especial foco en la provincia de Buenos Aires.

Con excepción del territorio bonaerense, que está a cargo de los equipos de la gobernadora, el resto del país quedó bajo la supervisión de Sebastián García de Luca, el viceministro del Interior del riñón de Emilio Monzó, que trabaja a diario, separado por un enorme salón, con Rogelio Frigerio y que trabó una relación más que armoniosa con los denominados "defensores del cambio", el staff de funcionarios rentados por la Secretaría General y la Jefatura de Gabinete que responden a Marcos Peña, el principal cerebro de la campaña.

Según los cálculos, en función de la cantidad de mesas diseminadas por el país, Juntos por el Cambio, como el resto de las alianzas electorales, necesitan poco más de 100 mil fiscales para defender sus boletas.

En el caso del Gobierno, ese ejército lo componen simpatizantes, militantes, voluntarios y fiscales pagos que dependen de cada distrito.

Por ejemplo, en el caso de Córdoba, el segundo distrito con mayor incidencia electoral -el 8,6%-, los casi 9 mil fiscales que se necesitan para cubrir toda la provincia responden en su mayoría a la conducción de la UCR.

Desde el entorno del diputado Mario Negri, que encabeza la boleta para renovar su banca, explicaron en ese sentido que a los más de 8 mil fiscales que se necesitan para cubrir la provincia de norte a sur y de este a oeste se les da "la vianda con tres comidas, y los artículos que precisan" para el trabajo de ese día. "No se les paga un plus por desempeñar ese rol", precisaron.

El pago, un tema tabú para el universo del oficialismo, un espacio que se presenta ante la sociedad como "la nueva política" pero que apela a los métodos de la "vieja política" cuando es necesario, es uno de los ítems que no tiene registro, al menos en las rendiciones partidarias que se entregan a la Justicia electoral. Pero la correcta lubricación de ese engranaje es igual o más importante que la impresión y la distribución de las boletas.

Fuentes oficiales confiaron a este medio que, por caso, en la elección a gobernador de Tucumán del 9 de junio, que tuvieron a la senadora Silvia Elías de Pérez como postulante a la gobernación del oficialismo, sí se pagó a los fiscales.

Es que Tucumán -tiene 3.700 mesas de votación distribuidas en 415 establecimientos- es una de las provincias que en el tablero de fiscalización del búnker de Balcarce y Belgrano, a cuatro cuadras de Casa Rosada, figura en rojo. Es uno de los territorios hostiles, junto a, por ejemplo, Formosa o Santiago del Estero, donde la coalición de gobierno cuenta con menos estructura y el PJ se mueve con mucha más soltura. José Luis Manzur es, además, uno de los gobernadores que más fuerza va a hacer para apuntalar y cuidar las boletas de la fórmula K.

En los casos de Mendoza y Jujuy, gobernadas por Alfredo Cornejo y Gerardo Morales, respectivamente, la fiscalización está garantizada por las estructuras locales. En la ciudad de Buenos aires, el pago chico del PRO, hacen falta 4 mil voluntarios. Por su escasa complejidad y el dominio territorial del macrismo, el trabajo está cubierto por voluntarios oficiales, entre empleados públicos, funcionarios y simpatizantes. Necesita el mismo ejército que La Matanza, el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires. Pero los soldados de esa localidad necesitan un entrenamiento mucho más duro.

En la provincia de Buenos Aires, el equipo de fiscalización de Vidal calcula que deberán contar el domingo 11 con unos 46 mil fiscales, entre los de mesa y los generales, para cuidar las boletas de Macri, de la mandataria y de los candidatos municipales. Será la puesta a punto de cara a las generales de octubre, en las que la gobernadora puede ser reelecta o quedarse sin nada por solo un voto.

Como en 2017, uno de los encargados a cargo de la convocatoria, logística y capacitación por el lado del gobierno bonaerense vuelve a ser Maximiliano Sahonero, un dirigente que promedia entre los 30 y 40 años y que se crió en los barrios más postergados del sur de la ciudad de Buenos Aires. Reporta directo a Federico Salvai, mano derecha, jefe de Gabinete, operador y jefe de campaña de Vidal. El jefe de todos.

Junto a Sahonero trabajan en la coordinación el diputado bonaerense César Torres y el senador provincial Walter Lanaro, que tienen el control de la fiscalización de la primera y de la tercera sección electoral, respectivamente. Lanaro tiene vínculo directo con Salvai. Son amigos. Su presentación en Twitter es llamativa: "Más macrista que Antonia". Torres, lo mismo: habla con el jefe de ministros y con el subsecretario Alex Campbell.

A diferencia de los anteriores comicios, en el macrismo bonaerense empezaron con las capacitaciones dos meses antes de las primarias, en línea con el argumento que desde Vidal para abajo repiten todos a coro en el staff permanente: que se trata de la elección "más importante desde el retorno de la democracia".

Según pudo saber este medio por dirigentes, funcionarios y candidatos bonaerenses, el promedio del pago a los fiscales que no prestan ese servicio por convicción partidaria asciende a los mil pesos. Hace dos años, la paga era de alrededor de $700.

"Esas cosas no se dicen", respondió el candidato a intendente de un municipio de la primera sección que ya reclutó a casi mil fiscales y que fue consultado sobre la cantidad de cuidadores de votos a los que debía pagarles. "Es relativo: tengo un montón de militantes que no te cobran nada, les bancamos 'el morfi', que le damos a todos. Pero se está hablando de que en Provincia se contemplaría más o menos esa cifra en todo concepto: movilidad y comida", agregó en alusión a los mil pesos mencionados.

Inabarcable, la complejidad de la provincia de Buenos Aires varía según las zonas. La fiscalización en el interior es un juego de niños y niñas en comparación al conurbano, en especial en aquellos distritos en los que el PJ manda desde hace décadas, como en La Matanza, Merlo, San Martín, Almirante Brown o Lomas de Zamora.

En este último, el macrismo tuvo desajustes en 2017 que ahora trata de corregir. Merlo, por su extensión y el límite con múltiples localidades, también presenta un panorama de alerta. Para colmo, Juntos por el Cambio tiene allí internas, por lo que necesita el doble de fiscales: unos dos mil.

En La Matanza, se necesitan tantos fiscales como en la ciudad de Buenos Aires: alrededor de cuatro mil. En el gobierno bonaerense aseguran que el ministro Alejandro Finocchiaro, el candidato en ese distrito, tejió una buena red de voluntarios, respaldado por la estructura estatal.

El aparato del Estado y del partido de gobierno son claves. Por estas horas, en Provincia ya consiguieron unos 500 fiscales de la Ciudad. Desde la administración bonaerense colaboran con otros 600. Esta semana, los responsables de la fiscalización consiguieron además una treintena de abogados que recorren los establecimientos del Gran Buenos Aires, necesarios para dirimir alguna discusión jurídica en medio de la votación.

Hasta el fin de semana que viene, las capacitaciones que se realizan desde hace más de un mes y medio se multiplicarán en los diferentes municipios, según confirmaron desde La Plata.

Aunque uno de los aspectos fundamentales pasa por la organización de la fiscalización en las 800 mesas testigo distribuidas en territorio bonaerense, que desde el PRO cuidan como a ningunas otras. Para esos fiscales, los popes partidarios idearon una app a la que solo acceden con usuario y contraseña, y que contiene información indispensable para ese trabajo. Es lo más avanzado en un rubro en el que la guapeza puede ser más útil que la tecnología.