El ex gobernador de Entre Ríos y actual presidente de la Cámara de Diputados provincial, Sergio Urribarri, irá a juicio oral y público en una causa en la que se investiga el desvío de fondos públicos.
Además del ex mandatario, entre los acusados que deberán enfrentar el proceso judicial entre el 29 de julio y el 27 de agosto de 2019 están su cuñado, Juan Pablo Aguilera, el ex ministro de Cultura de Urribarri, Pedro Báez, hoy diputado provincial por el peronismo, y otras siete personas más entre funcionarios, presuntos testaferros y empresarios.
La decisión la tomó el juez José Eduardo Ruhl, quien elevó la causa a juicio con acusaciones de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración. Tras el sorteo de rigor, el tribunal que juzgará al ex gobernador y ahora diputado está integrado por los jueces Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola.
Sobre los diputados provinciales Urribarri y Báez pesa desde mayo un pedido de desafuero de la Justicia; sin embargo, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja entrerriana, donde el peronismo tiene mayoría, no se ha pronunciado todavía sobre el requerimiento judicial.
Esta investigación es un desprendimiento de un juicio oral que surgió a partir de una denuncia que realizó en 2013 el ex diputado nacional por Entre Ríos, el radical Jorge D'Agostino.
La causa tiene a Urribarri y a Báez acusados de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por el desvío de $24,2 millones.
En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro adelantaron que pedirán ocho años de prisión efectiva para Urribarri, Báez y Aguilera.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y 2015, y refieren a las contrataciones directas de publicidad oficial, que habrían sido direccionadas en favor de la empresa de un familiar de Urribarri.
En su denuncia, D'Agostino precisó que el gobierno de Urribarri adjudicó un millón de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó, y 500 mil pesos a Global Means SA, una firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
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