Previo a su desaparición, el submarino ARA San Juan tenía una misión secreta: realizar inteligencia sobre la armada británica, según consta en documentos oficiales que forman parte de la investigación judicial y que Infobae publicó en los últimos días. Es por ello que la jueza a cargo de la causa, Marta Yañez, le solicitó al canciller Jorge Faurie que le remita de manera inmediata información sobre los tratados vigentes entre Argentina y el Reino Unido y Chile.
Fuentes judiciales consultadas por Infobae aseguraron que la magistrada solicitó la documentación en las últimas horas para incorporarla a la investigación, junto con los archivos secretos aportados por la Armada luego de la desaparición del submarino el 15 de noviembre del año pasado. "Para los jueces es vital obtener pruebas, más allá de la información que pueda salir en los medios", destacó la misma fuente.
Según la "Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos" N° 04/17, fechada el 24 de octubre de 2017, la tripulación del ARA San Juan debía "obtener reconocimiento preciso" y "localización, identificación, registro fotográfico/fílmico" sobre parte de la flota y la aviación de guerra y comercial inglesa con base en las Islas Malvinas.
Por otro lado, y luego de las tres falsas amenazas de bomba registradas en los últimos días en la Base Naval de Mar del Plata, sede que nuclea a la mayoría de los familiares de los 44 submarinistas, Yañez ordenó "medidas tendientes a resguardar la seguridad y la conservación del ARA Santa Cruz", el submarino gemelo al desaparecido San Juan, que utiliza la Justicia para realizar los peritajes porque ambos se fabricaron en los astilleros Thyssen de Alemania en la década de 1980.
El equipo de trabajo de la jueza federal de Caleta Olivia, además de continuar con el análisis de las 12 cajas de información entregadas por la Armada producto de los allanamientos en diferentes organismos públicos vinculados a la dirección de submarinos y de las declaraciones indagatorias, mantiene dos preocupaciones: por un lado lado, la interna en la Armada originada por las sanciones disciplinarias contra el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y el capitán de navío Claudio Villamide.
El primero era el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) y el segundo era el comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS). Ambos son los oficiales que escribieron el reporte que describía la situación del navío extraviado y que la Armada ocultó.
La segunda preocupación -analizan- es que, al igual que sucedió con el caso de Santiago Maldonado, se politice la causa. Es que en los últimos días se presentó en el juzgado provincial de Comodoro Rivadavia un hábeas corpus para que se investigue la "desaparición forzada" de los 44 tripulantes, impulsado por la ONG Resistencia Nacional.
A kilómetros de distancia de Caleta Olivia, el presidente Mauricio Macri recibió este martes en Casa Rosada a un grupo de familiares de los tripulantes del submarino, quienes le entregaron un documento con una serie de medidas para continuar la búsqueda de la embarcación.
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