
Mediante una resolución dada a conocer este viernes, el Ministerio de Defensa convoca a la comisión de reforma de la Ley 19101 de Personal Militar. La norma que lleva el número 2017-1283 APN y la firma del ministro Oscar Aguad dispone en su artículo 1°: "Créase el "Grupo de Trabajo Ley de Personal Militar", con la finalidad de elaborar el instrumento legal que el Poder Ejecutivo Nacional enviará al Congreso de la Nación para promover el remplazo de la Ley N° 19.101 de Personal Militar vigente."
A pocos días de asumir al frente de la cartera de Defensa, Aguad manifestó que el mandato que el Presidente le había dado era precisamente el de producir una reforma de fondo en la estructura militar del país.
En concordancia con esto el ministro manifestó que se unificarían organismos, se redistribuirían bases y se evitaría tener "varias fuerzas aéreas y dos marinas". Las medidas esbozadas también incluyeron la jubilación o retiro obligatorio a todo el personal civil o militar con 35 años de servicios efectivos.
En este contexto la medida anunciada, parece ir mucho más allá ya que establece la convocatoria a una comisión que en el plazo perentorio de nueve meses contados a partir del 1 de marzo de 2018 deberá producir el proyecto de ley que reemplace a la actual ley que rige la actividad militar en el país y que data de 1975.


Dentro de las directrices establecidas en la Resolución ministerial, se deja perfectamente aclarado que el instrumento legal a pergeñar, deberá contemplar todo el ciclo profesional del personal militar y que el eje de la actividad será invariablemente apegado a la Ley de Defensa Nacional.
Pero sin lugar a dudas lo que más ruido hará puertas adentro de los cuarteles, es la intención de apartar al personal militar de la conducción de aquellas áreas de las Fuerzas Armadas que no estén directamente relacionadas con la operatividad militar.
Fuentes castrenses consultadas por Infobae, manifestaron su preocupación al interpretar que áreas tales como Personal, Educación, Salud, Finanzas, Auditoria ( asesoría legal) Mantenimiento de equipos e instalaciones no militares y algunas otras, sean manejadas por funcionarios civiles no necesariamente sujetos a la tradicional verticalidad militar.
No obstante, dentro del grupo de oficiales consultados, no todas las voces se manifestaron contrarias a lo que se vislumbra como un giro de 180 grados en la concepción de las FFAA. Muchos oficiales en situación de retiro expresaron que sería bueno concentrar el recurso militar solo en lo operativo y dejar a los civiles aquellas cuestiones periféricas y no operacionales que estarían en mejores manos siendo conducidas por profesionales de distintas disciplinas. Para otro grupo en cambio, esto sería equivalente al desguace total del concepto de unidad de mando, conducción y control.
Durante la pasada gestión de Nilda Garré en la cartera de Defensa, hubo algún tibio intento de "penetrar" las blindadas estructuras castrenses con civiles, pero el intento no fue más allá de la creación de alguna que otra subsecretaría con la misión de ejercer un mayor control sobre los uniformados , sin demasiado éxito más allá de alguna ligera reforma a la currícula de los institutos de formación militar que no hizo mella en los tradicionales planes educativos militares.
En su artículo 2° la resolución deja entrever la idea ministerial de unificar el control y la reglamentación militar en un solo instrumento. Actualmente cada fuerza armada tiene decretos reglamentarios que regulan su funcionamiento e incluso cuestiones que en la actualidad parecen poner coto a la libertad de decisión del Comandante en Jefe (El Presidente de la Nación). Asimismo hace mención a la optimización de los recursos.
Actualmente el 80% de los 82.000.000.000 millones de pesos que el presupuesto destina al financiamiento militar, se destina al pago de sueldos al personal militar y civil.
El grupo de trabajo estará integrado por personal militar de las tres FFAA y personal civil especialmente convocado por el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.
Si bien la medida estaba en estudio desde al menos 30 días, la tragedia del Submarino ARA "San Juan" y la crisis que se originó en la conducción superior de la Armada Argentina, aceleró la medida al tiempo que puso en compás de espera los ascensos y pases propios de fin de año incluidos los anunciados relevos de los titulares del Ejército y la Fuerza Aérea, Teniente General Diego Suñer y Brigadier General VGM Enrique Amrein respectivamente.
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