El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y a otros 13 imputados en la causa que se les sigue por encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum con Irán. El expediente se inició por la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en el departamento que habitaba en Puerto Madero.
Además, Bonadio dispuso la prohibición de salida del país para todos los imputados.
La ronda de indagatorias comenzará el 17 de octubre, fecha en la que está citado el ex canciller Héctor Timerman. Al día siguiente deberán comparecer el dirigente Yussuf Khalil, el espía Ramón Allan Bogado y el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche. El 19 están citados Luis D'Elía y el ex funcionario de la Cancillería Luis Zuain; el 20, los ex secretarios de Timerman, Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado; el 23 Alberto D'Alotto y el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el 24 el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli y el número dos de Inteligencia, Juan Martín Mena; el 25 la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y el dirigente de La Cámpora, Andrés "el Cuervo" Larroque.
La última jornada de indagatorias será el 26 de octubre cuando deberá declarar la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Para el fiscal de la causa Gerardo Pollicita existió un plan criminal destinado a dar ayuda que le permita dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní acusados por el atentado a la sede de la AMIA. Todo esto en desmedro de los intereses de las víctimas y el esclarecimiento del ataque terrorista. El accionar delictivo denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman habría sido orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno. El medio elegido para concretar el plan fue el Memorando de Entendimiento con Irán que se firmó el 27 de enero de 2013 en Etiopía.
Este instrumento iba a permitir, por un lado, remover, suspender o morigerar las restricciones a la libertad que afectaban a los acusados, y por el otro, el acuerdo disponía la creación de la "Comisión de la Verdad" cuyo rol central iba a ser en realidad exculpar a los imputados iraníes introduciendo una nueva hipótesis acerca de cómo fue el atentado.
La denuncia de Nisman contra la ex mandataria y varios de sus funcionarios había sido cerrada por el juez Daniel Rafecas, quien consideró que no existía delito. Su decisión fue confirmada más tarde por la Cámara Federal y el fiscal de Casación Federal Javier De Luca.
Sin embargo, la causa volvió a tomar impulso gracias a un fallo de los jueces de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
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