El Correo acusó al kirchnerismo de "embates políticos" y defendió el acuerdo con el macrismo

El Correo Argentino salió con los tapones de punta: acusó al kirchnerismo de "embates políticos" y de despojarlo de todos sus activos; sostuvo que la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, busca "confundir a la opinión pública politizando innecesariamente una materia netamente judicial"; y defendió el acuerdo que firmó con el gobierno de Mauricio Macri para pagar su deuda con el Estado.

El presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa, presentó un escrito en la Sala B de la Cámara Comercial, tribunal que debe decidir si acepta el acuerdo entre empresa y Gobierno o si lo revoca como pidió la fiscal Boquín por considerarlo abusivo.

El Correo es una empresa del Grupo Macri y el acuerdo fue objetado políticamente porque se hizo desde el gobierno que tiene a un Macri como presidente, por lo que resolvió sobre sus propios intereses.

En la presentación, la empresa le pidió a la Cámara Comercial que ratifique el acuerdo al que llegó con el Gobierno pero en caso contrario que convoque a una nueva audiencia para encontrar "una salida razonable a este largo proceso concursal que merece una solución justa y equitativa para todos los interesados".

El presidente del Correo sostuvo que presentó el escrito para responder los dictámenes de la fiscal por "la exorbitancia de las inexactitudes allí incluidas, el llamativo y espurio manejo de las cifras, y la liviandad con que se han expuesto conclusiones erróneas".

El empresario detalló la historia de la concesión del Correo en 2003 por parte del entonces presidente Néstor Kirchner. Dijo que fue "la peor estatización realizada por el Estado nacional" que se hizo "de modo intempestivo" y que el gobierno decidió "apropiarse de todos los bienes y activos de Correo Argentino S.A., sin pagar por ellos un solo centavo".

"Una verdadera confiscación que se encuentra totalmente proscripta en el derecho argentino", agregó.

También acusó al kirchnerismo de hacer un uso político del Correo: "Mientras Correo Argentino S.A. permanecía en Concurso, intentando sobrevivir a los embates jurídicos y sobre todo políticos de la anterior administración, el Estado nacional seguía usufructuando -y continúa haciéndolo- en forma gratuita, de todos los activos de propiedad de Correo Argentino S.A., convirtiéndose así en el principal beneficiado de la prolongación de la situación concursal".

Robirosa también acusó al anterior gobierno de no llegar a un acuerdo por "la sistemática, irracional y caprichosa negativa de la administración anterior" para hacerlo.

El Correo defendió el acuerdo al que llegó el año pasado con el Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad. Sostuvo que está pagando el 100% del crédito adeudado con un interés del 7% anual, lo que hace un total de 600 millones de pesos, en 15 cuotas anuales que se terminarán de abonar en 2033.

La empresa sostuvo que la ley de quiebras establece que se aplica el pago de intereses para los concursos.

En línea con lo que sostuvo públicamente Aguad, el Correo señaló en el escrito que con el acuerdo se "comenzará a pagar un crédito que de otra forma el Estado nacional -ni los restantes acreedores- nunca percibirían". En ese marco, la concursada ofrece "pagar el 100% del crédito nominal más un 7% de interés realizando un gran esfuerzo y sin que el Estado nacional se digne, pese a todos los intentos realizados, a reconocer los derechos de Correo Argentino S.A. sobre los activos desposeídos en forma espuria", agregó.

El punto central de la discusión es si se aplican o no intereses en la deuda. El Correo y el gobierno de Macri dicen que no, la fiscal Boquín que sí.

Boquín presentó tres dictámenes en los que pidió que no se homologue el acuerdo porque lo considera abusivo y perjudicial para los intereses del Estado porque implica una condonación del 98,2% de la deuda y una pérdida cercana a los 4 mil millones de pesos. Por su parte, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación hizo un estudio en el que proyectó que a 2033 la quita de deuda es de 70.163 millones de pesos.

"No hay forma legal ni jurídica alguna que permita llevar la deuda verificada por el Estado nacional en el mes de junio del 2003 ni a $4.000.000.000 (pesos cuatro mil millones) ni a $30.000.000.000 (pesos treinta mil millones) ni a $70.000.000.000 (pesos setenta mil millones)", criticó el Correo.

La empresa criticó a la fiscal por la "arbitraria, antojadiza y absurda manipulación de las cifras" y sostuvo que "persigue un solo objetivo: confundir a la opinión pública politizando innecesariamente una materia netamente judicial".

El Correo pidió en su presentación que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre la aplicación de los intereses y defendió la validez de la actuación del director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, en la negociación que fue objetada por la Fiscalía.

La fiscal Boquín había acusado al Correo de actuar con "mala fe procesal" porque no informó que 15 días antes del acuerdo demandó al estado en otra causa por 2.300 milllones de pesos con un interés del 11%, superior al que ofrece pagar por su deuda. "Sin embargo, la única mala fe palmaria y evidente es la de la Fiscalía, y aquí da tanta evidencia que sorprende. El crédito reclamado al que refiere surge de un cálculo efectuado por la Sindicatura General y presentado en el propio expediente del Concurso, que se basa, a su vez, en un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación, acompañado en el expediente por el propio Ministerio de Planificación", respondió la empresa.

Por último, el Correo le pidió a la Cámara Comercial que "resuelva favorablemente nuestra apelación" pero que si no lo hace llame a una audiencia pública con la SIGEN, el Estado nacional, la Procuración del Tesoro, la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía.

El objetivo de ese nuevo encuentro, dice el Correo, es para "tratar de encontrar de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal que merece una solución justa y equitativa para todos los interesados".

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