Roberto Hornos: "Hay una doble óptica entre la ley de blanqueo y el decreto reglamentario"

Roberto Hornos es juez de al Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico desde 1995. Tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial. Fue secretario de instrucción, fiscal y juez nacional en lo Criminal de Instrucción. Además es profesor en distintas universidades y ha escrito diversos libros.

Sus 33 años como magistrado (y algunos más como funcionario del Poder Judicial) lo hacen un experto en la aplicación de las leyes y, particularmente, en la evolución del fuero Penal Económico en la Argentina. En una entrevista con InfobaeTV, en el ciclo Justicia Abierta, el magistrado abordó distintos temas, entre ellos analizó la reciente sanción del régimen de sinceramiento fiscal que actualmente instrumenta la AFIP.

Con el equilibrio necesario para evitar caer en prejuzgamiento -en el futuro podría llegar a intervenir en causas judiciales sobre el blanqueo-, Hornos precisó que la norma impulsada por Cambiemos incluye temáticas muy amplias: la reparación histórica a jubilados, el sinceramiento fiscal, un régimen de regularización tributaria y varias normas de aplicación sobre la Unidad de Información Financiera (UIF).

Una de las principales polémicas que se abrió en torno al blanqueo está vinculada con el decreto que habilitó a los familiares de funcionarios a entrar al régimen. Según explicó Hornos, la ley votada por el Congreso prevé expresamente "que hay personas que están excluidas, como el Presidente, el vicepresidente, gobernadores, ministros, jueces…" y a continuación hay un artículo que indica otras tres excepciones que incluye a "cónyuge, hijos menores enmancipados y a los padres" de los funcionarios enumerados anteriormente.

"El decreto, por supuesto, no cambia a quienes están excluidos per se. Pero cuando toma las otras tres excepciones -los padres, los hijos emancipados y cónyuges- hace una interpretación. Y acá se presenta una doble óptica: por un lado ha habido un debate legislativo que ha querido excluir a determinadas personas del blanqueo y de la regularización tributaria, y por vía de reglamento se quiere hacer viable y efectivo. Tarde o temprano se va a tener que debatir jurisdiccionalmente", analizó.

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