El pedido de facultades por 120 días: Seguridad, jóvenes y minería, los ejes del pedido del Ejecutivo peruano

El pedido del Ejecutivo para legislar durante 120 días puso en discusión tres frentes que el Gobierno considera urgentes: la seguridad ciudadana, el empleo juvenil y la inversión privada. La solicitud plantea una vía rápida para aprobar cambios normativos, aunque abre interrogantes sobre el alcance de las medidas, los mecanismos de ejecución y los controles que deberá ejercer el Congreso.

La economista Paola del Carpio, integrante de la Red de Estudios para el Desarrollo, sostuvo que la delegación de facultades suele utilizarse cuando el Ejecutivo entiende que existen problemas que no pueden atravesar el trámite ordinario de debatir y aprobar una ley por vez. Con la autorización parlamentaria, el Gobierno puede emitir decretos legislativos dentro de un plazo definido y el Parlamento luego revisa las normas aprobadas.

El debate, sin embargo, excede la necesidad de acelerar los tiempos. La discusión se concentra en la calidad de las propuestas, la precisión de los objetivos y los vacíos que persisten en áreas capaces de determinar su resultado. Para Del Carpio, las prioridades expuestas por el Ejecutivo reflejan problemas reales, pero requieren instrumentos más claros para evitar que las medidas queden limitadas a declaraciones generales o a cambios normativos sin efecto en la práctica.

Las extorsiones crecieron cinco veces desde antes de la pandemia

La seguridad ciudadana ocupa el capítulo más desarrollado del pedido de facultades. Del Carpio advirtió que las extorsiones se multiplicaron por cinco desde el período previo a la pandemia, una evolución que ayuda a explicar la frustración de la población y el impacto cotidiano sobre pequeños negocios, transportistas, comerciantes y trabajadores expuestos a amenazas de organizaciones criminales.

El planteamiento del Ejecutivo incluye modificaciones vinculadas con el endurecimiento de sanciones y con una nueva clasificación para ciertas organizaciones delictivas. La intención es que esos grupos reciban un tratamiento legal distinto, con mayores herramientas para investigar sus actividades y sancionar a sus integrantes. La propuesta busca responder a una demanda social que se profundizó ante la expansión de delitos como la extorsión, el sicariato y los ataques contra actividades económicas.

Del Carpio consideró que el énfasis en las penas deja pendiente una pregunta central: qué ocurrirá antes de que el responsable llegue a una sentencia. La especialista señaló que una sanción más dura pierde eficacia si la probabilidad de captura sigue siendo baja. El problema, según explicó, se concentra en la impunidad, porque la norma puede elevar las consecuencias penales, pero necesita instituciones capaces de investigar, detener, procesar y condenar a los responsables.

La inteligencia y la reforma policial aparecen como vacíos del proyecto

La economista observó que el documento menciona el fortalecimiento de la inteligencia, aunque no desarrolla con precisión cómo se ampliarán sus capacidades operativas, qué instituciones asumirán nuevas funciones ni qué controles se establecerán para evitar abusos. La inteligencia criminal resulta determinante para identificar estructuras, rutas financieras, redes de protección y vínculos entre organizaciones que operan en distintas zonas del país.

La ausencia más visible, a juicio de Del Carpio, es la reforma policial. El pedido de facultades prioriza la reacción frente al delito, pero no detalla cambios en la organización, la formación, la supervisión interna, la investigación criminal ni la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esos factores inciden en la capacidad del Estado para transformar una denuncia en una investigación y, finalmente, en una sanción efectiva.

La discusión legislativa deberá definir si la delegación se limita a elevar penas y crear figuras penales o si incorpora medidas para mejorar toda la cadena de seguridad y justicia. La prevención, la recepción de denuncias, la protección de víctimas, el trabajo policial, la persecución fiscal y la ejecución de las condenas forman parte de un mismo proceso. Si una de esas etapas falla, la respuesta estatal puede perder capacidad disuasiva.

El desempleo juvenil se mantiene cerca del 11%

El empleo juvenil constituye el segundo eje del pedido del Ejecutivo. La tasa de desempleo entre los jóvenes ronda el 11%, cerca del doble del promedio nacional, según señaló Del Carpio. La situación adquiere peso en un mercado laboral donde muchos jóvenes alternan entre la informalidad, empleos temporales y períodos prolongados de búsqueda de trabajo.

La propuesta contempla seis medidas dirigidas a ampliar las oportunidades laborales y facilitar la contratación de jóvenes por parte de empresas. También plantea mecanismos de financiamiento y acciones de capacitación. Del Carpio remarcó que el texto todavía presenta una formulación amplia, sin suficiente detalle sobre los requisitos, los beneficiarios, las metas de cobertura, los incentivos para las compañías ni las fuentes de financiamiento.

El empleo total mostró una recuperación después de la pandemia, aunque ese repunte no alcanzó con la misma intensidad a la población joven. La especialista indicó que la capacitación debe ocupar un lugar más definido en la propuesta, con criterios sobre las habilidades requeridas, los sectores con mayor demanda y el momento en que debe intervenir el Estado. La empleabilidad juvenil se vincula con la productividad y con la posibilidad de acceder a puestos de mayor calidad.

Los proyectos mineros pendientes suman cerca de USD 60.000 millones

En materia de inversión privada, el pedido se concentra en la actividad minera. Del Carpio señaló que Perú invierte cerca de la mitad que Chile en minería, en relación con el tamaño de sus economías. La comparación cobra relevancia en un escenario internacional favorable para el cobre y otros minerales en los que el país mantiene una posición competitiva.

La economista sostuvo que la prioridad debería pasar por destrabar proyectos cercanos a los USD 60.000 millones que permanecen pendientes por procesos administrativos, permisos y aprobaciones sin resolver. Si esas inversiones avanzaran, la inversión minera podría duplicarse. El desafío consiste en reducir demoras sin debilitar las evaluaciones ambientales, los procedimientos técnicos y los mecanismos de diálogo con las comunidades involucradas.

Entre las herramientas que se analizan figura el silencio administrativo positivo, que presume aprobada una autorización cuando el Estado no responde dentro del plazo establecido. Del Carpio advirtió que la medida requiere una revisión detallada. Una habilitación acelerada puede derivar en conflictos, cuestionamientos o paralizaciones si deja asuntos sin resolver. El Congreso deberá definir qué facultades concede, bajo qué límites y con qué mecanismos de supervisión sobre las normas que emita el Ejecutivo.