
El Poder Judicial absolvió a la diputada de Fuerza Popular, Jessica Navas Sánchez, del delito de malversación de fondos, pero la sentenció al pago de una reparación civil de 150 mil soles a favor del Estado
Como se recuerda, Navas Sánchez fue declarada reo contumaz por no haberse presentado al inicio de este juicio, en el que se le acusó, en su calidad de coordinadora del proyecto “Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha”, de presuntamente haber permitido o autorizado la adquisición de un bus turístico, cuatro motocicletas y una camioneta. Estos bienes no estaban contemplados en el presupuesto ni en el cronograma de desembolsos del proyecto. La Fiscalía pidió 4 años y 8 meses de prisión en su contra.
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Sin embargo, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo decidió absolverla del delito. Más que una cuestión de pruebas, la diputada de Fuerza Popular se salva de una condena penal por una cuestión jurídica.
Y es que, para la jueza Irene Hidalgo, quedó acreditado que Navas Sánchez y sus coacusados, en su condición de funcionarios públicos, compraron vehículos que no estaban contemplados en el presupuesto original. Es decir, dieron un fin distinto a los fondos. Sin embargo, dijo la magistrada, para que se hable de malversación de fondos, la desviación del dinero debe causar una afectación al servicio. Esto último no se cumpliría porque el monto, aseveró, en realidad tenía que ser devuelto.
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“Lo que se debió haber hecho es devolver el dinero porque estaba sobrando. No ha dicho qué no se hizo. Estando así, si hemos analizado el tipo penal teniendo presente cada uno de sus elementos, para este juzgador queda claro que falta uno de los elementos del tipo penal el cual es la afectación al servicio”, dijo la magistrada.
Reparación civil
La Procuraduría Pública Anticorrupción solicitó una reparación civil de 560.467 soles, argumentando que ese era el monto que había sido utilizado indebidamente por Jessica Navas Sánchez y sus coacusados para la compra indebida de un bus turístico, cuatro motocicletas y una camioneta.
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Aunque no se pudo acreditar el elemento de “afectación al servicio” necesario para una condena penal por malversación, la jueza sí consideró probado que los acusados infringieron su deber de cuidado. Concluyó que hubo un daño patrimonial y extrapatrimonial derivado de la actuación funcional indebida, al realizarse compras de vehículos que no estaban contempladas en el convenio ni en la programación presupuestaria.
Sin embargo, la jueza Irene Hidalgo decidió fijar el monto de la reparación civil en 150 mil soles. La jueza señaló que, según las pruebas actuadas durante el juicio oral, no solo participaron Navas y sus dos coacusados, sino que se habría contado con la participación de otros funcionarios que también deberían ser investigados o procesados. Así, en su decisión, la jueza dispuso que se remita copias del expediente al Ministerio Público para que determine si corresponde investigar a los referidos funcionarios.
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Por todo ello, dijo la magistrada, la reparación civil no podía ser igual a los 560.467 soles que requirió la Procuraduría Pública Anticorrupción.
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