Médico legista ‘resucitaba’ y volvía a certificar la muerte de personas para cobrar seguros por montos millonarios

Un médico legista en Perú es acusado de encabezar una red que falsificó certificados de defunción para cobrar seguros de vida y fondos previsionales por más de veintidós millones de soles, La Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro señala que la organización llegó a “resucitar” a personas fallecidas, afiliarlas nuevamente a sistemas previsionales y luego certificar su muerte para activar cobros ilegales.

Una red que manipulaba la muerte para obtener beneficios millonarios

Según Latina Noticias, el principal investigado es Edgar Eduardo Poma Condori, médico legista, acusado de liderar una organización criminal que se valió de su cargo en la fiscalía de Locumba, en Tacna, para emitir certificados de defunción con fechas y datos falsos. El informe revela que los beneficiarios presentaban documentación alterada, incluyendo actas de matrimonio y partidas de nacimiento, para simular vínculos familiares con las personas fallecidas.

La investigación policial, detalla que los certificados emitidos por Poma Condori activaban el pago de seguros de vida y reembolsos de gastos funerarios a través de diversas AFP y aseguradoras. Los expedientes muestran un patrón: personas que habían muerto reaparecían como afiliadas, registraban aportes recientes y, posteriormente, volvían a morir, esta vez con seguros activos a su nombre.

Casos emblemáticos: muertos que recibieron aportes y seguros

Entre los hechos documentados por la Fiscalía destaca el caso de Josué Valdés Gutiérrez, cuyo deceso se certificó dos veces: la primera en 2008 y la segunda en 2020. Días antes de la segunda “muerte”, la empresa Raquelita realizó aportes a su cuenta previsional, y Raquel Rojas Díaz, quien se presentó como esposa, tramitó los pagos de sepelio y el cobro del seguro. Finalmente, la cuenta de Valdés recibió un millón trescientos mil soles provenientes de una aseguradora.

En otro expediente, César Chura Ticona fue afiliado al sistema previsional en mayo de 2020 y declarado muerto en noviembre del mismo año. Su ‘esposa’, Evelyn Enoqui Torres, presentó documentación que la acreditaba como beneficiaria, lo que permitió el cobro de 941.983 soles. Enoqui también aparece vinculada a otro caso como supuesta madre y beneficiaria de Ronald Janco Gallegos, fallecido en 2023, cuyo seguro también fue cobrado tras un certificado firmado por Poma Condori.

La lista incluye más nombres: Rosa Pimentel, afiliada y fallecida dos veces entre 2013 y 2022, con un pago de 88.000 soles a beneficiarios ficticios; César Quispe Arriaga, muerto en 2013 y nuevamente en 2024, con un desembolso de un millón de soles; y Lino Huamaní Ilares, cuya esposa cobró 1.200.000 soles tras su “segunda muerte”.

El rol de funerarias, empresas y otros cómplices

La investigación de la Dirincri y el Ministerio Público identificó la participación de funerarias como Luz en el Cielo y de Alcázar, cuyos registros incluían servicios para varios de los supuestos fallecidos. Además, empresas como Delta Élite Seguridad y Vigilancia, dirigida por Tania Nataly Ticona Nina, figuran como empleadoras de personas que ya habían muerto, facilitando la simulación de aportes previsionales.

Las autoridades también señalaron a Nelly Monroy Zapana, gerente de una de las funerarias, y a Adriana Villanueva Flores, quien presentaba solicitudes para cobrar pensiones de sobrevivencia y reembolsos de sepelio. Todos los integrantes de esta red fueron detenidos y cumplen dieciocho meses de prisión preventiva.

Investigación en curso y posibles conexiones con otros delitos

El fiscal de la Nación, Aladino Gálvez, informó a Latina Noticias que la pesquisa busca determinar no solo el destino de los fondos cobrados sino también si parte de la organización utilizó la falsificación de certificados para encubrir a personas buscadas por la justicia. Según la policía, se hallaron indicios de que el mecanismo pudo haber servido para dar por muertas a personas requeridas por delitos.

Las autoridades han asegurado que investigarán posibles casos de enriquecimiento ilícito y que se emplearán herramientas de inteligencia económica para rastrear bienes y movimientos financieros de los implicados. El caso sigue abierto y la ruta del dinero permanece bajo análisis.