El presidente de la República, José María Balcázar, defendió la promulgación de la Ley 32563, que otorga gratificaciones y compensación por tiempo de servicios (CTS) a los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS). El jefe de Estado respondió a las críticas formuladas por el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, sobre el impacto fiscal de la medida. En entrevista concedida a Exitosa Noticias, Balcázar afirmó que el Estado debe ser el primero en garantizar derechos laborales plenos y desestimó las advertencias de Velarde acerca de los riesgos que la norma representa para las finanzas públicas.
A partir de la publicación de la Ley 32563, los trabajadores CAS tienen derecho a recibir gratificaciones y CTS en condiciones equivalentes a quienes ya están sujetos al régimen 728. Balcázar subrayó que el reglamento de la ley deberá ser emitido en un plazo máximo de 60 días, y que la aplicación de los beneficios dependerá de la incorporación de los fondos correspondientes en el presupuesto nacional. El mandatario precisó que, si es necesario, el Ejecutivo podría recurrir a un crédito suplementario para asegurar el financiamiento.
Consultado sobre las declaraciones de Velarde y otros especialistas, quienes advirtieron sobre un posible “alto impacto negativo” en las cuentas fiscales, Balcázar fue categórico: “No creo, porque los hombres inteligentes tienen que darse cuenta de que por años se les ha cercenado, se les ha menguado los derechos laborales que son tan claros para los trabajadores permanentes o estables”, expresó. Según Balcázar, el Estado no podía dar un mal ejemplo al sector privado manteniendo un sistema que restringía derechos fundamentales a sus empleados.
Respuesta de Balcázar a las advertencias técnicas
El jefe de Estado minimizó el alcance de las objeciones técnicas, al afirmar que “un economista es un simple sociólogo que conoce un poco de matemáticas, nada más”, y que la prioridad nacional debe ser la protección de los derechos laborales. Balcázar argumentó que la transición de los trabajadores CAS al régimen 728 será progresiva y que cada ministerio deberá ajustar su presupuesto para cubrir las nuevas obligaciones, sin mayores complicaciones administrativas.
Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, había señalado que la aprobación de la ley podría comprometer la sostenibilidad fiscal, una inquietud compartida por el Ministerio de Economía y diversos analistas. Frente a ello, Balcázar insistió en que “no se concibe que, haciendo la misma labor y estando sujetos a las mismas responsabilidades que un trabajador permanente, un gran sector en la práctica fuera explotado”.
Más adelante, el mandatario puntualizó que su comentario sobre los economistas no tenía intención peyorativa y reconoció la labor profesional de la mayoría de los especialistas del sector, diferenciando entre el enfoque técnico y el compromiso con los derechos sociales.
Implementación y desafíos presupuestales
La promulgación de la Ley 32563 exige que el Ejecutivo asegure el financiamiento de los nuevos derechos laborales en el presupuesto nacional. Balcázar sostuvo que existen mecanismos para garantizar estos beneficios y que el objetivo principal es poner fin a la incertidumbre laboral de los trabajadores CAS. El Ministerio de Economía deberá emitir un pronunciamiento oficial sobre el procedimiento presupuestario destinado a cubrir las nuevas obligaciones.
El reglamento de la ley deberá ser aprobado en un plazo de 60 días y establecerá los detalles de la transición al régimen 728, evitando que la demora administrativa retrase la entrada en vigencia de los derechos reconocidos. Balcázar afirmó que el reglamento no debe desnaturalizar la ley ni limitar los derechos adquiridos por los trabajadores.
Antecedentes y contexto de la reforma laboral
La demanda de derechos para los trabajadores CAS se remonta al año 2021, cuando el Congreso recibió los primeros proyectos de ley sobre el tema. Desde entonces, varios sectores y legisladores participaron en la elaboración de la norma que finalmente fue aprobada y promulgada en marzo de 2026.
Organizaciones sindicales y colectivos de trabajadores públicos han expresado su respaldo a la Ley 32563, mientras que analistas económicos mantienen sus advertencias respecto al equilibrio entre derechos laborales y sostenibilidad fiscal. El debate refleja la tensión entre la agenda social impulsada por el Ejecutivo y las preocupaciones técnicas de los organismos encargados de la estabilidad macroeconómica.
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