La trata de personas mantiene presencia en el Perú en medio de dificultades estructurales para enfrentar el delito. Organizaciones que monitorean la política pública advierten que el sistema estatal enfrenta limitaciones para prevenir los casos, proteger a las víctimas y sancionar a las redes criminales que operan en distintas regiones del país.
El problema aparece expuesto en el X Informe Alternativo 2023–2025 sobre la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, documento presentado por la organización CHS Alternativo. El estudio revisa el avance de la estrategia estatal y detecta brechas en presupuesto, coordinación institucional y respuesta judicial.
Uno de los datos más relevantes del informe se relaciona con los resultados del sistema de justicia. El análisis señala que solo 2 de cada 100 denuncias por trata de personas culminan en sentencia condenatoria, una proporción que revela las dificultades para desarticular organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita.
La investigación también examina factores políticos e institucionales que influyen en la aplicación de políticas de seguridad. Cambios constantes en el liderazgo del Ejecutivo y del sector Interior aparecen como un elemento que afecta la continuidad de estrategias contra el crimen organizado.
Para Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, la inestabilidad política influye en la capacidad institucional del Estado. “Desde 2021, el Perú ha tenido 5 presidentes y 17 ministros del Interior, una rotación que sin duda impacta en la capacidad del Estado para sostener políticas públicas de largo plazo frente a delitos complejos como la trata de personas”, señaló.
El estudio vincula este escenario con dificultades en la investigación fiscal, la persecución penal y la coordinación entre instituciones encargadas de enfrentar la trata. Las redes criminales aprovechan esas debilidades para sostener operaciones en diferentes regiones.
Brecha en el presupuesto estatal
El informe también examina los recursos asignados a la política nacional contra la trata. Según el cálculo realizado por CHS Alternativo en 2023, el país requiere al menos 1,159 millones de soles para ejecutar de forma completa las acciones previstas en la política pública.
Sin embargo, el documento indica que el presupuesto asignado resulta muy inferior a ese monto. El Estado destina alrededor de 11 millones de soles para acciones contra la trata de personas, cifra que representa cerca del 1% del monto estimado por la organización y menos del 0.005% del presupuesto nacional.
Valdés explicó que esta situación limita la capacidad de atención a las víctimas. “Esta situación tiene efectos directos en la protección de las víctimas. El informe ha encontrado que, de los 17 servicios previstos en la política pública para la atención y reintegración, solo 4 recibieron asignación presupuestal, lo que reduce la disponibilidad de servicios especializados”, indicó.
El documento también menciona la falta de infraestructura para atención especializada. El país cuenta con pocos albergues y centros de acogida residencial. Esta limitación afecta la atención diferenciada para mujeres, hombres y personas LGTBIQ+ que sufren explotación.
Problemas en el registro de víctimas
Otro punto analizado en el informe se relaciona con las diferencias entre los registros oficiales del Estado. La falta de interoperabilidad entre instituciones dificulta obtener una cifra clara sobre el número de víctimas.
El documento menciona una diferencia significativa entre los datos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) y los registros del Ministerio del Interior. Mientras la fiscalía reportó 2,692 víctimas en 2025, el Ministerio del Interior registró 384 casos durante el mismo periodo.
El informe también examina el impacto de las plataformas digitales en la expansión de la explotación sexual. Las redes criminales utilizan internet para captar víctimas, sobre todo menores de edad.
El ciberpatrullaje realizado por CHS Alternativo detectó que cerca de 700 mil niñas, niños y adolescentes enfrentaron riesgos sexuales en internet durante 2024. El monitoreo también identificó 1.6 millones de archivos vinculados con pornografía infantil.
Frente a este escenario, CHS Alternativo propone fortalecer la respuesta estatal mediante mayor financiamiento y el desarrollo del Programa Presupuestal orientado a Resultados establecido por la Ley N.° 30925, una herramienta que aún no entra en funcionamiento pese a que su aprobación ocurrió hace seis años.
Valdés sostuvo que el país enfrenta un contexto complejo en materia de criminalidad organizada. “El país enfrenta una situación compleja en materia de criminalidad organizada y trata de personas. El informe muestra que existen esfuerzos importantes, pero también brechas que deben atenderse con urgencia. El desafío es consolidar una respuesta integral del Estado que permita prevenir el delito, proteger efectivamente a las víctimas y reducir la impunidad”, afirmó.
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