Abogado muestra al TC foto de Michael Urtecho al borde de la muerte: excongresista está prófugo tras condena por ‘mochasueldo’

La defensa del excongresista Michael Urtecho, condenado en 2023 a 22 años y 5 meses de prisión por apropiarse del sueldo de cuatro extrabajadoras parlamentarias y por enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado, exhibió este miércoles una fotografía en la que se observa al exlegislador al borde de la muerte.

El abogado Ronald Contreras se dirigió a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) al sustentar un hábeas corpus a favor de su cliente, quien se encuentra en condición de prófugo, con el propósito de evitar que sea internado en un centro penitenciario.

Contreras explicó que Urtecho, sobre quien pesa una orden de ubicación y captura —al igual que sobre su esposa—, padece una atrofia muscular degenerativa de nacimiento que ha “deteriorado progresivamente su capacidad física”.

“Él no puede mover ninguna parte de su cuerpo por sí mismo. Depende de su señora esposa y de una ayuda biomecánica para alimentarse, para movilizarse, para quedarse, para respirar y para defecar y otras funciones que realiza”, sostuvo.

La condena contra Urtecho, quien fue legislador en dos periodos, de 2006 a 2011 y de 2011 a 2013 —año en que fue destituido por este caso—, fue dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que procesó también a su esposa, Claudia Gonzales, y la sentenció a 28 años de prisión como cómplice de concusión y por los delitos de peculado y lavado de activos.

El exparlamentario tiene una discapacidad en los miembros inferiores que lo obliga a desplazarse en silla de ruedas y los jueces consideraron que, sin la asistencia de su cónyuge, no habría podido cometer los delitos que se le imputaron.

El abogado también expuso que Urtecho padece una colostomía permanente, hernia diafragmática, escoliosis severa, problemas respiratorios con dependencia de oxígeno y miastenia laríngea, lo que afecta “funciones como hablar y respirar”.

Refirió que su cliente no puede hablar más de cuatro minutos sin sufrir problemas respiratorios, depende de su cónyuge para superar crisis miasténicas, que “pueden ser fatales”, y advirtió que enviarlo a prisión sería exponerlo a un “riesgo real e inmediato de muerte”.

Añadió que la esposa de Urtecho —también prófuga— “lo moviliza constantemente para evitar lesiones”, “controla su alimentación especial, administra rigurosamente su medicamento, maneja su colostomía y conoce las maniobras respiratorias necesarias cuando su respiración se compromete”.

“Por eso, separarlos significaría dejar a una persona con discapacidad sin el único soporte humano que le permite seguir viviendo. No hay persona alguna que pueda conocer a cabalidad los peligros de muerte a los que realmente está expuesto mi patrocinado”, afirmó.

La defensa remarcó que el recurso no busca reducir la pena ni cuestionar los hechos del proceso, sino impedir que Urtecho sea enviado a prisión para evitar su muerte. Además, alegó la nulidad de la condena al señalar que el TC declaró constitucional la Ley 31751, conocida como la ‘Ley Soto’, norma que fija en un año el plazo de suspensión de la prescripción y facilita que los delitos prescriban en menos tiempo.

Con esta disposición, políticos como el extitular del Congreso, Alejandro Soto, y el encarcelado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) lograron el archivo de sus procesos penales.

Se trata de una de las denominadas ‘leyes procrimen’ que el Legislativo aprobó y que, posteriormente, parlamentarios o dirigentes de los partidos que impulsaron estas normas invocaron para obtener beneficios en sus procesos judiciales.

En rigor, la Ley 31751 establece que la suspensión de la prescripción no puede exceder un año, cuando antes ese plazo equivalía a la pena máxima del delito más la mitad. Por ejemplo, el delito de estafa pasó de prescribir en 18 años a hacerlo en 10 años con la entrada en vigor de la llamada ‘Ley Soto’.