Declaran reo contumaz a candidata de Fuerza Popular y ordenan su ubicación y captura

La Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró reo contumaz a Jessica Navas Sánchez, candidata a diputada por Fuerza Popular, por no presentarse a la instalación del juicio oral en su contra por presunta malversación de fondos.

Así, la jueza penal unipersonal Karina Bedoya Maque ordenó que se cursen los oficios de ubicación y captura contra Navas Sánchez a fin de que sea conducida compulsivamente al Juzgado, a fin de que se ponga a derecho y el juicio sea instalado formalmente.

Por este proceso, la Fiscalía solicita 4 años y 8 meses contra la candidata a diputada con el número 1 de Fuerza Popular por Ucayali, además de 1 año y 8 meses de inhabilitación y una reparación civil de 760.477 soles.

El caso

Se trata de un proceso judicial contra tres exfuncionarios del Gobierno Regional de Ucayali, incluida Jessica Navas Sánchez, por el presunto desvío de recursos del proyecto “Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha”. La acusación gira en torno a la presunta compra irregular de vehículos con fondos destinados exclusivamente a la gestión turística de la zona.

La investigación se centra en las actuaciones de Jessica Navas Sánchez, Lisette Rengifo Rojas y Wilber Trujillano Alcalá, quienes habrían autorizado y ejecutado adquisiciones no contempladas en los convenios oficiales del proyecto.

El caso parte de la ejecución del Componente 2 del proyecto turístico, con un presupuesto de 4.353.599 soles, enfocado en mejorar la gestión turística en Ucayali. Según la acusación fiscal, el convenio que regulaba el uso de estos fondos prohibía su destinación a fines distintos a los aprobados.

El Ministerio Público sostiene que, pese a estas restricciones, los investigados autorizaron la compra de un bus turístico de dos niveles por 399 mil soles, una camioneta 4x4 por 131.027 soles y cuatro motocicletas lineales por 30.440 soles. Estas adquisiciones, presuntamente irregulares, habrían sido promovidas y formalizadas por los tres imputados en diferentes periodos de gestión.

Más cuestionados en las listas de Fuerza Popular

Veintiocho candidatos de Fuerza Popular registran sentencias judiciales firmes por delitos que incluyen corrupción y tentativa de homicidio, una situación que plantea interrogantes sobre los criterios de selección y transparencia en la inscripción de aspirantes al Congreso, tal como reveló el programa Cuarto Poder.

El caso más grave consignado por Cuarto Poder corresponde a Américo Orozco, empresario postulado como diputado por Madre de Dios. Según los documentos judiciales citados en el reportaje, Orozco fue condenado en 2013 a seis años de prisión efectiva por “tentativa de homicidio calificado”, luego de haber ingresado a la vivienda de su expareja y disparado contra un hombre —quien sobrevivió tras recibir “cerca de ocho disparos en el rostro, tórax y abdomen”—. La sentencia incluyó además el pago de 40 mil soles en concepto de reparación civil. Orozco cumplió parte de su condena en un penal de Arequipa y el restante bajo régimen de semilibertad, omitiendo estos antecedentes en su hoja de vida ante el JNE. Al ser consultado por la reportera, declaró: “Tendría que mostrarme. La verdad que no sé”.

El informe documenta además a Obed Bernuy Atachagua, docente y candidato a diputado por Lima, actualmente bajo investigación por hostigamiento sexual contra una alumna de doce años. Su expediente ante el Jurado tampoco consigna antecedentes, aunque la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) abrió un proceso administrativo disciplinario tras una denuncia formal. Bernuy, consultado por la reportera de Cuarto Poder, afirmó: “Toda esta situación ha sido creada por una persona que no tiene a Dios en su corazón”. El Ministerio Público mantiene una investigación preliminar por acoso sexual en curso.

Otro de los postulantes es el excongresista Erwin Tito Ortega, ginecólogo obstetra y ahora aspirante al Senado, quien registra una demanda por alimentos y se vio envuelto en un caso judicial tras dirigir un parto por videollamada en el Hospital El Carmen de Huancayo, durante el cual declaró muerto a un bebé que nació con vida. Un testigo entrevistado por el programa relató: “El médico no se encontraba dentro del hospital y solo daba indicaciones por celular a dos residentes y esta paciente estaba desangrándose en sala de partos”. Tras este episodio, se recomendó su separación del nosocomio y actualmente enfrenta una investigación fiscal por presunta falsificación de documentos para eludir la sanción administrativa.

Entre los exfuncionarios que aspiran a un escaño se encuentra Jorge Velásquez Portocarrero, exgobernador regional y candidato al Senado, quien según el informe acumula “más de cien denuncias” y sentencias tanto penales como civiles. En 2021 fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión y obligado a pagar una reparación civil de 300 mil soles; su paso por prisión estuvo acompañado de una investigación fiscal paralela por lavado de activos, que derivó en el decomiso de cuatro avionetas y otros bienes de su propiedad. Sin embargo, en junio de 2024, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia y Velásquez Portocarrero recuperó su libertad.

En Lambayeque, el candidato a diputado Javier Castro Cruz enfrenta varias sentencias por injuria y difamación, que él atribuye a su labor como locutor radial: “Me he ganado unos juicios en el camino y he tenido unas cuatro a cinco sentencias condenatorias”, expresó al medio. Castro Cruz también enfrenta demandas por pensión alimenticia y sanciones de retención judicial sobre su salario. Explicó que estos procesos derivan de su situación personal: “A veces uno no llega a tener un buen final con sus compromisos y termina separándose, divorciando y finalmente terminamos en procesos judiciales que también he consignado ahí, como es lo correcto”.