El personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro intervino a Mónica Liliana Meza Rivas durante el horario de visitas legales, luego de detectar que la abogada intentó ingresar un microchip entre sus pertenencias. El hallazgo se produjo en el cubículo 4, cuando los agentes penitenciarios revisaron su monedero, el cual estaba oculto en el bolsillo de su saco.
Meza Rivas se presentó en el penal identificándose como abogada del interno Víctor Moisés Manchego Plasencia, quien permanece recluido en el pabellón 3 del mismo establecimiento. Durante la inspección de rutina, el personal encontró el microchip y procedió conforme a los protocolos establecidos para estos casos.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que, tras el hallazgo, el personal de seguridad comunicó de inmediato los hechos al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, en particular a la Depincri 1 de San Juan de Lurigancho, para que se realicen las diligencias e investigaciones correspondientes.
El INPE enfatizó que los controles de seguridad se aplican de manera estricta y sin excepción a todas las personas que ingresan a los establecimientos penitenciarios.
Artículos prohibidos
El ingreso de armas de fuego, explosivos, municiones y cualquier objeto que constituya delito según el Código Penal está estrictamente prohibido en los establecimientos penitenciarios. Entre estos se incluyen revólveres, pistolas, fragmentos de armas, municiones de cualquier calibre, granadas, pólvora, detonadores, mechas, armas blancas y otros elementos considerados de riesgo para la seguridad interna.
También está vedado el ingreso de sustancias tóxicas, alucinógenas y psicotrópicas, como pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana, opio, LSD, heroína, morfina, éxtasis, floripondio en cualquiera de sus presentaciones y otras drogas similares. Estas restricciones buscan evitar el tráfico y consumo de estupefacientes dentro de los penales.
INPE tiene nuevo presidente ejecutivo
El Gobierno oficializó la designación de Jorge Henry Cotos Ochoa como nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en reemplazo de la anterior gestión y en medio de un proceso de reorganización institucional. La medida, refrendada por el presidente José María Balcázar y el ministro de Justicia Luis Enrique Jiménez Borra, otorga a Cotos Ochoa la máxima responsabilidad sobre el sistema penitenciario peruano, que afronta actualmente desafíos en seguridad y resocialización.
Cotos Ochoa, con más de diez años de experiencia en el sector, ha dirigido oficinas regionales clave del INPE. Entre 2013 y 2015 lideró primero la sede sur, con base en Arequipa, y luego la Región Norte, supervisando penales desde Tumbes hasta Cajamarca.
Durante su carrera, Cotos Ochoa ha enfrentado observaciones institucionales. En 2015, la Defensoría del Pueblo pidió que rectificara declaraciones consideradas ofensivas y denunció obstáculos en el acceso a las cárceles para realizar supervisiones sin previo aviso, lo que generó un intercambio entre ambas entidades sobre la transparencia en la gestión carcelaria.
Su nombre también aparece en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, relacionada con el traslado médico de un interno con trastorno psiquiátrico. El fallo reconoció que el INPE realizó gestiones para cumplir el mandato judicial, aunque los hospitales informaron que no podían recibir al paciente por falta de recursos.
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