
El Perú atraviesa una crisis energética tras la emergencia registrada en el sistema de transporte de gas natural de Camisea, en Cusco, infraestructura clave que abastece gran parte del gas que se consume en el país. Como respuesta, el Gobierno declaró el estado de emergencia, implementó un sistema de racionamiento que prioriza el suministro a hogares, hospitales y servicios esenciales, y dispuso la virtualidad obligatoria para el sector educativo y los centros de trabajo estatales, exhortando al sector privado a adoptar la misma medida.

La escasez de combustibles en el mercado peruano se mantiene sin señales de resolución. Carlos Puente, director de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (Agesp), confirmó a Infobae Perú que la crisis, que afecta sobre todo a las gasolinas, cumple ya nueve días desde la notificación oficial de restricción por parte de Cálidda el 2 de marzo.
Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, informó que los trabajos de reparación del ducto registran un avance del 48%. Según la empresa Transportadora de Gas del Perú, el flujo podría restablecerse entre el 14 y el 16 de marzo, si las condiciones climáticas lo permiten. No obstante, especialistas estiman que el servicio se normalizaría progresivamente durante la segunda quincena de marzo.
En el sector industrial, numerosas empresas que utilizan gas natural han tenido que migrar temporalmente a otros combustibles más costosos. Entre los sectores más sensibles figura la industria farmacéutica, donde laboratorios han advertido dificultades para mantener la producción continua de medicamentos.
El impacto también empieza a sentirse en la cadena de abastecimiento de alimentos. Productores y transportistas advierten que el mayor costo del combustible está elevando los gastos de traslado hacia los mercados, lo que podría reflejarse en mayores precios de productos básicos como pollo, carne, frutas y verduras.
La restricción del gas natural ya genera impactos en varios sectores. Una de las primeras consecuencias fue la suspensión temporal de la venta de gas natural vehicular (GNV) para vehículos particulares, lo que ha provocado largas colas en grifos en Lima y otras ciudades. Miles de conductores, especialmente taxistas y repartidores, se han visto obligados a migrar a gasolina o diésel, combustibles más caros que elevan sus costos de operación y presionan las tarifas de transporte.




