Durante la reunión con representantes del gremio de transportistas —uno de los más golpeados por el avance de las organizaciones criminales y las extorsiones—, el presidente interino, José María Balcázar, adelantó algunos de los puntos que contempla la estrategia del Ejecutivo para enfrentar esta problemática.
A su anuncio de que se incrementará el número de efectivos policiales en las calles y se declarará un nuevo estado de emergencia, sumó el pedido de facultades al Congreso de la República para legislar en materia de seguridad.
Balcázar consideró que los parlamentarios no se negarían a este pedido, teniendo en cuenta que la seguridad ciudadana es una de las demandas más frecuentes de la población.

Además, aunque reconoció que desde hace meses se viene dialogando en mesas de trabajo con representantes del sector, aún no existen soluciones concretas. Por eso, apuesta por el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, una iniciativa que viene de la gestión de Jerí, pero que no llegó a presentarse porque lo vacaron.
“Este tema de la seguridad en el transporte ya viene de mucho tiempo siendo tratado, en mesas de trabajo, ofrecimiento tras ofrecimiento, y el tema pareciera que no está dando frutos. Ese plan y ese trabajo se viene desarrollando, ya varios meses y que pronto tendrá este Plan de Seguridad Nacional su publicación respectiva para que sea conocida a nivel nacional”, expresó.
En la misma reunión, el ministro del Interior, Hugo Begazo, informó que se evalúa una propuesta para que las Fuerzas Armadas patrullen los patios de maniobras de las empresas de transporte, especialmente porque allí los delincuentes ejecutan sus atentados.
Sin embargo, en ningún momento de la reunión ni en alguna comunicación oficial se mencionó un problema advertido desde la semana pasada: la Fiscalía podría quedar inoperativa en dos meses por falta de presupuesto.
La crisis del Ministerio Público
El Ministerio Público atraviesa una de las peores crisis presupuestales de su historia y podría quedar inoperativo en los próximos meses. Así lo advirtió Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, quien alertó que, si el Ministerio de Economía y Finanzas no autoriza un crédito adicional, la institución no podrá cubrir sus gastos básicos.
Según explicó, 4.700 asistentes de función fiscal y personal administrativo serían despedidos en marzo. Además, en abril ya no habría recursos para pagar los sueldos de los fiscales. “Se podría decir que la Fiscalía queda inoperativa”, señaló, en medio de la ola de criminalidad que enfrenta el país.
El problema no es nuevo. Desde el gobierno de Dina Boluarte se arrastran recortes presupuestales. La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, ya había advertido reducciones millonarias en los fondos asignados a la institución. Actualmente, el titular del Ministerio Público es Tomás Aladino Gálvez, quien ha reiterado el pedido de mayores recursos.
Leyes sin financiamiento
El presidente José María Balcázar y el Congreso de la República pueden promulgar las normas que consideren necesarias. Incluso, como se hizo en los últimos meses, pueden convocar a plenos temáticos y mesas de trabajo solo para legislar en materia de seguridad. Sin embargo, estas normas serían inejecutables si no se asigna el presupuesto necesario.
Prueba de ello es lo que ocurrió con la Ley N.° 32490, que establecía medidas excepcionales contra la extorsión y el sicariato. Esta norma, aprobada en medio de paralizaciones del gremio de transportistas por los constantes atentados contra choferes, hasta la fecha no puede ejecutarse por falta de recursos.

En un primer momento, la ley contemplaba la creación de un grupo especial antiextorsiones integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Sin embargo, cuando el Ejecutivo reglamentó la norma, dispuso que todo fuera financiado por las propias instituciones, algo imposible porque no cuentan con los recursos necesarios.
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