MIMP se desmarca de congresista Milagros Jáuregui e interviene su centro que obliga a gestar a niñas víctimas de violación

El ministerio inició una intervención en el refugio creado por la congresista y pastora, quien admitió que en ese lugar niñas sobrevivientes de abuso son forzadas a llevar a término sus embarazos

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El Ministerio de la Mujer
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables inició una intervención en el refugio fundado por la congresista Milagros Jáuregui, tras su admisión de que niñas víctimas de violación deben continuar sus embarazos en ese espacio

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispuso este lunes una intervención en el ‘Hogar Refugio La Casa del Padre’, fundado por la legisladora y pastora Milagros Jáuregui, quien reconoció que ese espacio obliga a niñas víctimas de violación a llevar a término sus embarazos.

A través de un comunicado difundido en X (antes Twitter), el portafolio liderado por Sandra Gutiérrez indicó que la intervención busca determinar si el refugio, administrado de forma “privada”, cumple los “estándares de protección integral y atención”.

“El MIMP viene actuando de manera sumaria para establecer si se cumplieron los estándares de atención y de protección integral para que se determinen las responsabilidades que correspondan ante cualquier vulneración de la normativa vigente, actuando conforme a ley y bajo el principio del Interés Superior del Niño”, señala el comunicado.

La intervención ocurre después de que la congresista afirmara que su centro opera bajo la “supervisión permanente” de la cartera, y “cumpliendo con la normativa vigente y los estándares exigidos para la protección de adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad”.

El objetivo de la intervención
El objetivo de la intervención es verificar si el refugio, de gestión privada, cumple los estándares de protección integral y atención establecidos por la normativa vigente

Jáuregui también sostuvo que el “Refugio Casa del Padre es un albergue modelo, que ha sido visitado en diversas oportunidades” por titulares del MIMP, “quienes han podido constatar directamente la calidad, idoneidad, pertinencia y excelencia de los servicios integrales que allí se brindan”.

“Todas las adolescentes embarazadas, ultrajadas y mamás con sus bebés, en extrema pobreza, que acoge, cuida y protege el Refugio Casa del Padre son atendidas en un claro espíritu de apoyo complementario al Estado, sin sustituir ni interferir en las competencias que la ley le asigna”, afirmó la parlamentaria en una misiva publicada en la mencionada red social.

La semana pasada, Jáuregui provocó una ola de repudio al admitir en un podcast que obligó a menores víctimas de violación a convertirse en madres con respaldo estatal. Relató que hace una década fundó esta “casa de refugio”, a la que llegan niñas de entre 10 y 13 años que sufrieron abuso.

“El MIMP y el Juzgado de Familia nos las envían y nosotros tenemos todo el proceso de sanidad emocional, física, de estas niñas. Ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepiente (...) porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé. El bebé es el único que tiene pena de muerte y el resto no”, expresó.

Jáuregui defendió públicamente la labor
Jáuregui defendió públicamente la labor del refugio y aseguró que opera bajo supervisión ministerial y que ha recibido visitas oficiales para constatar la calidad de sus servicios

“Abominable”

La indignación aumentó cuando circularon imágenes de menores sosteniendo a sus hijos nacidos de embarazos impuestos tras la negativa al aborto terapéutico, hecho que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) equipara a la tortura.

Algunas de ellas, según muestran imágenes publicadas el año pasado en la página de Facebook del refugio, cubren sus rostros mientras las exponen ante el público para respaldar un discurso antiderechos.

La institución Flora Tristán condenó “la indolencia” de la parlamentaria “ante la abominable violación de derechos de las niñas” al exponerlas de esa manera, mientras que la Red de Sobrevivientes Perú advirtió que las publicaciones evidencian “conductas de violencia física, psicológica, económica, espiritual y sexual a menores en un entorno de fe”, por lo que solicitará al MIMP una respuesta inmediata.