“No puedes transformar una institución sin recursos”: el reclamo del sindicato del INPE ante la creación de la SUNIR

El nombre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estaría próximo a desaparecer. El Gobierno de José Jerí anunció la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), una entidad que promete transformar el sistema penitenciario nacional y abordar problemas históricos como la inseguridad, el hacinamiento y la criminalidad organizada. Para los trabajadores penitenciarios, este cambio resulta apresurado y sumamente cuestionable.

Desde el Sindicato de Trabajadores del INPE (Sintrap INPE), el secretario general Ángel Llancari advierte sobre una narrativa oficial que busca responsabilizar a los penales del aumento delictivo en el país. “Se está haciendo creer, a través de mucha publicidad del mismo Estado, de que los establecimientos penitenciarios son focos de las extorsiones y sicariatos que existen. Con esto se está queriendo justificar la creación de la SUNIR”, sostuvo Llancari.

La estrategia comunicativa oficial ha sido evidente: pasillos oscuros, puertas metálicas golpeadas, internos alineados contra las paredes, objetos prohibidos incautados y un presidente recorriendo los penales acompañado de música de acción y cámaras atentas a cada detalle. José Jerí, entre rejas, representa una supuesta “mano dura” en operativos que, según sus detractores, resultan mediáticos y diseñados para preparar la desaparición del INPE.

Para Llancari, el mensaje transmitido es peligroso: instalar la idea de que desde los establecimientos penitenciarios se promueve la criminalidad externa. “Eso es totalmente contradictorio”, afirmó. “Hemos visto que, a pesar del incremento de requisas y las inmersiones dentro de los penales, no ha bajado la tasa de criminalidad en el exterior. Todos los días vemos noticias de la Policía Nacional del Perú (PNP) involucrada con bandas criminales organizadas”.

Las imágenes difundidas desde la cuenta oficial de TikTok de la Presidencia no lograron ocultar la situación real: más que operativos exitosos, exhibieron el hacinamiento extremo y las graves deficiencias estructurales de los penales, problemas que los trabajadores penitenciarios han denunciado durante años.

SUNIR: promesas, vacíos y preocupaciones técnicas

Tras estos operativos, el Gobierno anunció oficialmente el fin del INPE y la creación de la SUNIR, una superintendencia que absorberá cárceles, centros juveniles y programas de reinserción social. El anuncio estuvo acompañado de grandes promesas, pero sin un elemento esencial: presupuesto.

“¿Cómo puedes transformar toda una institución en otra sin ningún tipo de presupuesto, cuando has tenido a esta institución durante tantos años en abandono?”, cuestionó Llancari. El sindicato ha denunciado reiteradamente la falta de infraestructura, logística, tecnología y personal. “No puedes transformarla si no inviertes”, recalcó.

La realidad operativa dentro de los penales difiere del discurso oficial. No existen escáneres para personas ni paquetes, los bloqueadores de señal son ineficientes y la revisión se realiza de forma manual, durante todo el día. En penales como Lurigancho, ingresan diariamente enormes cantidades de alimentos y productos que deben revisarse uno a uno.

“Las camionadas que ingresan al penal son enormes. ¿Cómo revisamos todos esos paquetes en un penal tan grande y tan sobrepoblado?”, preguntó el dirigente sindical. En estas condiciones, el sistema se convierte en una coladera: drogas escondidas en carnes, sandalias, cebollas o incluso en pastas dentales. Carretas enteras de productos pasan por manos humanas, sin apoyo tecnológico.

A pesar de estas limitaciones, Llancari afirmó que el personal penitenciario sigue cumpliendo su labor para brindar seguridad a la ciudadanía. “Muchas fugas no se han dado por deficiencia de los servidores, sino por problemas de infraestructura. Aun así, tratamos de cumplir con un trabajo bastante limitado”.

El rechazo sindical también apunta a los cambios normativos del decreto legislativo que crea la SUNIR, como la flexibilización de los requisitos de idoneidad para cargos directivos. Según denuncian, se permitiría que personas con solo quinto de secundaria dirijan establecimientos penitenciarios, incluso los más grandes, y que sean designadas de manera discrecional.

“Existe una ley de idoneidad que exige una carrera universitaria. Sin embargo, en este proceso de transición están queriendo permitir que directores sin profesión dirijan los penales”, advirtió Llancari. Para el sindicato, se pretende mejorar la institución debilitando su perfil técnico.

Asimismo, rechazan que otras entidades, como la Policía Nacional, asuman responsabilidades dentro del sistema penitenciario regional y denuncian el atropello a los derechos laborales de los trabajadores del INPE y la falta de reconocimiento de los regímenes existentes.

Desde Sintrap INPE aseguran que, tal como está planteada la ley, la SUNIR no representará un cambio sustancial. “Tendremos que dar a conocer a la opinión pública por qué no va a funcionar”, afirmó el secretario general.