El Gobierno del presidente José Jerí oficializó este 4 de febrero la prórroga del Estado de Emergencia en los distritos fronterizos de la provincia de Tahuamanu, en el departamento de Madre de Dios. La medida busca consolidar la presencia del Estado en una de las zonas más vulnerables del país, donde el avance de la criminalidad organizada y el tráfico ilícito han puesto en jaque el orden interno.
La prórroga se extiende por 60 días calendario, a partir del 5 de febrero de 2026. En el caso de Madre de Dios, la atención se centra en los distritos de Iberia, Tahuamanu e Iñapari, puntos estratégicos de tránsito hacia Brasil y Bolivia que hoy enfrentan una convergencia de delitos que van desde el tráfico de drogas hasta la minería ilegal.
Minería ilegal sigue poniendo a la región en emergencia
La extensión de esta medida excepcional ocurre en un contexto crítico detallado por Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM. El funcionario advirtió recientemente que esta actividad ilícita ha dejado de ser un problema focalizado para convertirse en una amenaza nacional presente en todas las regiones del Perú, siendo Madre de Dios una de las zonas donde la situación es “bastante más grave”.
Según García Esquerre, la minería ilegal no debe entenderse solo como un daño ecológico, sino como un problema de Estado que compromete al Ejecutivo, al Poder Judicial y al Legislativo.
“Afecta especialmente a comunidades nativas en nuestra Amazonía a través de la contaminación de ríos y la destrucción de bosques”, explicó el comisionado. Esta realidad es la que sustenta los informes reservados de la PNP que dieron pie a la prórroga en Tahuamanu, donde las economías ilegales suelen financiarse mutuamente.
PNP y las Fuerzas Armadas contras las mafias
El decreto se sustenta en un informe de carácter reservado, emitido por la Región Policial Madre de Dios el pasado 25 de enero. En dicho documento, la comandancia general de la Policía Nacional advirtió la necesidad de mantener el régimen de excepción para continuar ejecutando operaciones estratégicas que permitan desarticular bandas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, tráfico de drogas y la trata de personas.
La PNP mantiene el control del orden interno, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Para asegurar la efectividad de las operaciones, el comando policial determinará las zonas de intervención basándose en inteligencia actualizada, estadísticas de criminalidad y mapas del delito. El objetivo es recuperar espacios que han sido tomados por la delincuencia común y organizada, garantizando que el flujo en los pasos fronterizos sea legal y seguro.
Durante el 2025, se realizaron 1.037 operativos a nivel nacional, donde se lograron incautar o destruir material valorizado en casi 4 mil millones de soles. Sin embargo, el García Esquerre sentenció que destruir maquinaria “no soluciona el problema” si ello no se acompaña con alternativas económicas para la población.
Durante la vigencia de la prórroga, se mantiene la suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito y reunión. Por otro lado, el control fronterizo será fundamental para fiscalizar el ingreso y salida de personas, y con ello evitar que las mafias de trata de personas sigan utilizando la frontera como una puerta para sus actividades ilícitas.
Otras regiones en emergencia
La medida responde a una estrategia de seguridad que abarca otros puntos críticos del territorio nacional. La prórroga también alcanza a los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto (provincia de Tambopata), así como a Madre de Dios y Huepetuhe (provincia de Manu), zonas donde la minería ilegal ha devastado miles de hectáreas de bosque.
Aademás, por medio de otro decreto de emergencia, se prorroga a otras cinco regiones fronterizas, las cuales también contarán con la declaratoria para frenar la criminalidad transnacional:
- Amazonas: Distritos de El Cenepa, Río Santiago y Imaza.
- Cajamarca: Distrito de Namballe (San Ignacio).
- Piura: Lancones, Suyo y Ayabaca, puntos clave de vigilancia en el norte.
- Puno: Un despliegue masivo que incluye 15 distritos en provincias como Sandia, Huancané, Moho, Yunguyo, Chucuito y El Collao, blindando la frontera con Bolivia.
- Ucayali: Distritos de Masisea, Yurúa y Purús, zonas de difícil acceso golpeadas por el tráfico ilícito.
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