Fiscalía abre investigación por contratación de jóvenes tras visitas a José Jerí, pero no incluye al presidente, ¿por qué?

La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación de jóvenes funcionarias en el Despacho Presidencial, tras detectarse que al menos cinco de ellas mantuvieron reuniones o vínculos en redes sociales con el jefe de Estado, José Jerí, antes de ser incorporadas. La pesquisa, que se desarrolla en el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro, busca establecer si existieron delitos contra la administración pública en este proceso.

La investigación, dirigida contra “los que resulten responsables”, abarca la contratación de jóvenes entre octubre y diciembre de 2025. Muchas de estas contrataciones se realizaron bajo la modalidad de Locador del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un régimen creado para atraer personal altamente calificado para consultorías o asesorías especializadas, pero que, en este contexto, ha sido cuestionado por el perfil y las relaciones personales de algunas de las incorporadas.

Las diligencias preliminares son coordinadas en conjunto con la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional. Aunque no se adelantaron las medidas, se espera que se incluya la revisión de expedientes de contratación, hojas de vida, registros de visitas oficiales y testimonios de los funcionarios involucrados.

Los casos más notorios incluyen a Sheyla Rosmery Briones Ordinola, quien fue contratada como Locadora FAG en la Secretaría General de la Presidencia tras reunirse en seis ocasiones con Jerí durante su paso por el Congreso, y a Alicia Alexandra Camargo Leiva, asistente personal del presidente, cuya relación de amistad con Jerí en Instagram y su rápida incorporación al Palacio han llamado la atención. A esto se suma Hilda Denisse Zapata Juárez, asesora de gabinete en la Secretaría General, quien también figura como amiga en redes sociales del mandatario y cuyo historial público incluye antecedentes de haber sido declarada “no apta” para cargos públicos en años anteriores.

¿Por qué no incluye al presidente?

La investigación fiscal, pese a la notoriedad de los hechos y a las relaciones personales entre las funcionarias contratadas y José Jerí, no abarca al presidente de la República. La razón es estrictamente legal: solo la Fiscalía de la Nación tiene competencia para investigar a un presidente en ejercicio. Las fiscalías provinciales, como la que lleva actualmente el caso, carecen de atribuciones para incluir al jefe de Estado en una pesquisa penal, en razón de su investidura constitucional.

En consecuencia, la carpeta abierta por la Fiscalía Anticorrupción apunta únicamente a los funcionarios del Despacho Presidencial y a quienes resulten responsables según el avance de las diligencias. Si durante el proceso se hallan elementos de convicción que involucren directamente al mandatario, la investigación sería remitida al despacho del Fiscal de la Nación para su evaluación y eventual formalización.

Vale mencionar que el propio fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, no descartó investigar al mandatario por estos hechos. En entrevista con Exitosa, aclaró que “todos los hechos que se tengan que investigar se van a hacer. Se va a acopiar toda la prueba respecto a todos los hechos y, obviamente, tenemos que esperar para tomar alguna decisión en contra del presidente que concluya el ejercicio de las funciones”.