La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales abiertas contra pobladores del Valle del Tambo que participaron en las protestas contra el proyecto minero Tía María, al concluir que no existían pruebas ni responsables identificados. Los procesos se iniciaron durante la paralización indefinida de febrero y marzo de 2025 y formaron parte de una serie de denuncias que organizaciones de derechos humanos han calificado como un intento de criminalización de la protesta social.
Según informó la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay abrió más de 40 investigaciones penales contra al menos 20 pobladores del Valle del Tambo —entre agricultores, transportistas y maestros— en el contexto de una paralización indefinida iniciada el 18 de febrero de 2025.
Las protestas se realizaron mediante marchas, plantones y otras manifestaciones públicas que, de acuerdo con FEDEPAZ, se desarrollaron de manera pacífica. No obstante, la Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior presentó denuncias por supuestos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros ilícitos, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.
Denuncias sin imputaciones directas
De acuerdo con la información proporcionada por FEDEPAZ, las investigaciones se abrieron pese a que no existían sindicaciones directas contra personas determinadas. En la mayoría de los casos, la Fiscalía señaló que los procesos se dirigían “contra los que resulten responsables”.
Sin embargo, siempre eran los mismos pobladores del Valle del Tambo quienes eran citados a rendir declaración, aun cuando las carpetas fiscales no contenían imputaciones individualizadas ni pruebas que los vincularan directamente con los hechos denunciados.
Siete carpetas fiscales finalmente archivadas
FEDEPAZ informó que, mediante la Disposición N.º 03-2025-MP-DFA-FPPC-ISLAY, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay resolvió archivar siete investigaciones correspondientes a las carpetas fiscales 324-2025, 328-2025, 360-2025, 363-2025, 378-2025 y 446-2025, las cuales fueron acumuladas posteriormente en la carpeta 327-2025.
Estas investigaciones estaban vinculadas a nueve presuntos hechos delictivos que, según las denuncias, habrían ocurrido entre el 24 de febrero y el 21 de marzo de 2025, periodo en el que se desarrolló la paralización indefinida en el Valle del Tambo.
La Fiscalía sustentó el archivo al concluir que no fue posible “introducir mediante otros actos de investigación datos sobre los presuntos responsables” y que no existían testigos de los hechos, por lo que correspondía ordenar el cierre de las investigaciones.
Defensa legal denuncia criminalización de la protesta
El abogado defensor de los investigados, David Velazco Rondón, señaló que estas investigaciones vulneraron derechos fundamentales de los pobladores del Valle del Tambo.
“No hay que perder de vista que estas falsas imputaciones y aperturas de investigaciones penales contra los defensores de derechos humanos y del ambiente vulneran sus derechos como ciudadanos, dado que el derecho a organizarse y realizar peticiones de diálogo o incluso llevar adelante protestas públicas pacíficas se encuentra reconocido en tratados internacionales de protección de derechos humanos y en la propia Constitución Política del Perú”, afirmó.
Velazco Rondón agregó que la decisión de archivar las investigaciones confirma que no existían elementos probatorios contra los denunciados.
“La decisión fiscal de archivar todas estas investigaciones, con el argumento de no haber obtenido prueba de la identidad de los presuntos responsables penales, prueba la existencia de una arbitraria decisión gubernamental de criminalizar injustamente a los defensores del ambiente y derechos humanos, incluso sin que exista indicio y menos prueba alguna de responsabilidad penal contra ellos”, sostuvo.
El conflicto por Tía María
FEDEPAZ recordó que el conflicto en torno al proyecto minero Tía María se origina en la oposición sostenida de la población del Valle del Tambo, principalmente agricultores, frente a la intención de diferentes gobiernos de imponer el desarrollo del proyecto.
Según la organización, estudios técnicos elaborados por expertos independientes han advertido que el proyecto minero podría afectar gravemente la cantidad y calidad del agua en una zona dedicada a la producción agrícola de alta calidad, lo que explica el rechazo mayoritario de la comunidad local.
Denuncian estrategia de amedrentamiento
Finalmente, el abogado Velazco Rondón sostuvo que este tipo de procesos penales forman parte de una estrategia para desalentar la protesta social.
“Hay que denunciar este comportamiento del gobierno peruano, que a través de sus procuradurías públicas y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay solicitan e inician procesos dentro de lo que consideramos una estrategia de amedrentamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente del Valle del Tambo, accionar que se debe rechazar y condenar por ser contrario a un Estado garantista y respetuoso de los derechos de todas y todos”, concluyó.
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