Jesús Fernando De La Torre Tejada, exgerente corporativo de finanzas y encargado de la gerencia general de Petroperú a inicios de 2022, ha denunciado penalmente a la actual gerenta general de la compañía, Rita Lorena López Saavedra, ante la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro (Lince).
El caso, registrado bajo el expediente 506114506-2026-347-0 el 21 de enero de 2026, plantea acusaciones de blindaje funcional, presuntas irregularidades administrativas y falsedad ideológica en el manejo interno de la empresa estatal, según la información revisada por Infobae Perú.
Los hechos: licencia médica para reunirse con Miralles y gestión simultánea en Petroperú
El denunciante sostiene que el 5 de enero de 2026, López Saavedra comunicó oficialmente a Petroperú que se encontraba con descanso médico y no podía ejercer sus funciones, lo que justificó su ausencia y generó una suspensión imperfecta de labores.
Sin embargo, el 6 de enero, la gerente general acudió presencialmente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y sostuvo una reunión con la ministra Denisse Miralles, hecho que quedó registrado en el sistema institucional de visitas. El 7 de enero, López Saavedra apareció además en actividades públicas en calidad de máxima ejecutiva de la petrolera, pese a la supuesta incapacidad.
Según la denuncia, estos hechos evidencian una simulación de incapacidad médica con el objetivo de obtener beneficios indebidos, como el pago de remuneraciones sin justificación real y la continuidad en el cargo durante la gestión de decisiones estratégicas.
Entre los medios probatorios entregados al Ministerio Público figuran el registro oficial de visitas al MEF, comunicaciones internas sobre la licencia médica y publicaciones periodísticas que documentan la actividad funcional de López Saavedra en el periodo señalado.
Rita López Saavedra: sanciones de Contraloría y el caso Beatriz Fung, ¿Quién benefició a quién?
El segundo eje de la denuncia, el más grave de todos, se centra en la omisión de deberes funcionales. El 30 de diciembre de 2025, la Contraloría General de la República sancionó a varios funcionarios de Petroperú con inhabilitaciones para ejercer función pública, tras detectar la entrega de beneficios económicos y viáticos a trabajadores trasladados a Lima por periodos superiores al límite normativo de 90 días.
La Resolución N° 00004-2025-CG/TSRA-SUA impuso sanciones de entre 100 y 120 días, incluyendo a la exgerente general Beatriz Cristina Fung Quiñones.
El caso de Fung Quiñones es relevante en esta denuncia, ya que ella ocupó la gerencia general de Petroperú durante el periodo en que se aprobaron pagos extendidos de bonificaciones y viáticos a trabajadores desplazados a Lima.
Fung Quiñones fue sancionada por la Contraloría con una inhabilitación de 100 días por haber convalidado y aprobado la extensión de estos beneficios más allá de los plazos permitidos.
Según documentos internos y resoluciones administrativas, la actual gerente general, Rita López, habría evitado dar cumplimiento a la normativa que exige el despido definitivo para quienes reciben una sanción de inhabilitación por más de tres meses, optando en cambio por medidas de suspensión temporal que contravienen el marco legal vigente.
El debate sobre la aplicación de la ley laboral en Petroperú
De acuerdo con el artículo 28 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Legislativo 728) y el Estatuto de Petroperú, una inhabilitación por más de tres meses constituye causa justa de despido inmediato.
Sin embargo, López Saavedra no ejecutó el cese laboral correspondiente y optó por una suspensión temporal, en contradicción con lo dispuesto por la norma y la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema.
El expediente recoge que esta decisión careció del respaldo de informes legales y administrativos habituales y que el memorándum emitido no fue registrado con firma digital en el sistema corporativo de la empresa.
El estudio Benites, Vargas & Ugaz, citado en el expediente, reafirma que la sanción administrativa debía derivar en la terminación del vínculo laboral de los funcionarios inhabilitados.
El área legal de la empresa, bajo la gestión de Iván Montoya, había advertido además la obligación de proceder al despido, y luego Montoya fue apartado temporalmente de su cargo después de insistir en la aplicación estricta de la normativa.
Petroperú: denuncia penal contra la gerente general agudiza crisis
La defensa de los directivos sancionados ha argumentado que las inhabilitaciones administrativas no debieron traducirse en despidos, sino en suspensiones temporales.
No obstante, tanto el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas como la Corte Suprema han determinado que la inhabilitación administrativa de tres meses o más justifica el despido, criterio respaldado por los informes legales internos y externos.
El expediente 506114506-2026-347-0, actualmente en etapa preliminar, comprende 122 folios y contiene pruebas documentales, registros de visitas oficiales y resoluciones administrativas. De confirmarse los hechos y la existencia de dolo, el caso podría derivar en responsabilidades penales y administrativas para la gerente general.
El proceso, que tiene lugar en el contexto de una amplia reorganización interna y reducción de personal en Petroperú. La denuncia y la investigación fiscal abiertas contra Rita López constituyen uno de los mayores desafíos institucionales que enfrenta la petrolera en los últimos meses, desde el cambio de mando.
Infobae Perú intentó comunicarse con Rita López Saavedra para conocer sus descargos. La funcionaria solicitó esperar una respuesta corporativa.
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