El futuro de las elecciones generales en Perú, previstas para abril de 2026, no corre peligro de alteración pese a la crisis política que atraviesa el país tras los cuestionamientos al presidente interino José Jerí.
Así lo sostiene Fernando Tuesta Soldevilla, profesor de Ciencia Política y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien descarta que un cambio en la máxima autoridad del Estado implique el aplazamiento del proceso democrático.
La afirmación cobra especial relevancia en un contexto de incertidumbre y crecientes presiones en el Congreso de la República para evaluar la continuidad de Jerí, tras los recientes informes periodísticos que lo vinculan con reuniones fuera de agenda y supuestos actos de corrupción.
El proceso electoral
La posibilidad de que José Jerí sea retirado de la Presidencia de la República ha ganado terreno en el debate político en las últimas horas. Sin embargo, Tuesta Soldevilla aclara que, aunque el jefe de Estado deje el cargo, “el proceso electoral no sufriría alteración alguna”.
De acuerdo con el exjefe de la ONPE, los organismos encargados de organizar y ejecutar las elecciones (ONPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC) operan con funciones diferenciadas y autónomas. “La única función del presidente de la República en este ámbito es convocar a elecciones, lo que ya ocurrió”, explica el especialista en sus redes sociales.
La logística electoral, el presupuesto y la seguridad, así como la votación de peruanos en el extranjero, dependen de entidades y ministerios específicos, sin quedar sujetas a la voluntad o permanencia del presidente en funciones.
“Ninguna de estas funciones se vería afectada, pues son de carácter operativo”, subraya Tuesta Soldevilla. Añade que impedir el cumplimiento del cronograma electoral constituiría una infracción a la Constitución, además de vulnerar la neutralidad exigida en los procesos democráticos.
El caso ‘Chifagate’
La situación de José Jerí se ha tornado crítica tras la difusión de reportajes que lo muestran acudiendo encapuchado a reuniones privadas con el empresario chino Zhihua Yang, propietario de negocios que van desde la seguridad hasta la construcción de hidroeléctricas.
La noche del 26 de diciembre, el presidente interino fue captado en un restaurante de comida china, conocido como chifa Xin Yan, en Lima, donde mantuvo un encuentro reservado con Yang.
El mandatario llegó en el coche presidencial, acompañado por el ministro del Interior, y justificó el acto como parte de los preparativos para el Día de la Amistad entre Perú y China. Días después, cambió su versión y atribuyó la reunión a actividades privadas.
Las versiones contradictorias de Jerí y la presencia del empresario asiátivo, quien ha visitado Palacio de Gobierno en varias ocasiones y mantiene vínculos con figuras políticas, han generado sospechas de tráfico de influencias.
La prensa local ya indaga sobre un contrato estatal para instalar cámaras de videovigilancia en 8.000 buses por 112 millones de soles (unos tres millones y medio de dólares), presuntamente impulsado desde el Ejecutivo.
Mecanismos para la destitución
Frente al escándalo, diversas bancadas congresales evalúan las rutas legales para apartar a José Jerí del cargo. El mecanismo con más posibilidades es la vacancia presidencial por “permanente incapacidad moral”, un procedimiento regulado por el reglamento del Congreso.
César Delgado Guembes, exoficial mayor del Parlamento, explicó que, al encontrarse el Congreso en receso, el primer paso es la autoconvocatoria a una legislatura extraordinaria, que requiere 78 firmas de parlamentarios.
Solo después de instalar la legislatura extraordinaria puede presentarse una moción de vacancia, que exige 26 firmas adicionales. Actualmente, la iniciativa impulsada por el congresista Segundo Montalvo aún no cuenta con el respaldo suficiente. Una vez presentada la moción, el Pleno debe admitirla con el voto favorable del 40% de congresistas hábiles. Si se supera este umbral, se otorga al presidente el derecho de defensa ante el Parlamento.
La votación final para aprobar la vacancia demanda dos tercios del número legal de miembros del Congreso, es decir, alrededor de 87 u 88 votos. Si se alcanza el consenso, José Jerí quedaría destituido de inmediato. Si no, el intento se archiva y el mandatario continúa en funciones.
Impacto en la agenda política
La incertidumbre generada por el escándalo conocido como “Chifagate” no ha modificado la hoja de ruta electoral hacia abril de 2026. “Evidentemente, la situación sí tiene efectos en la agenda de la campaña electoral, y es en este plano donde los partidos y bancadas evaluarán la suerte del presidente Jerí”, advierte Fernando Tuesta Soldevilla en sus redes sociales. Sin embargo, insiste en que el calendario de los comicios está protegido por las garantías institucionales y la autonomía de los organismos electorales.
El propio primer ministro, Ernesto álvarez, ha salido a defender a Jerí, argumentando que el presidente habría sido víctima de un engaño por parte del empresariado chino.
Mientras tanto, hasta el cierre de la presente nota, la bancada de Perú Libre continúa recolectando firmas para la moción de vacancia, en medio de un escenario donde el Congreso y la opinión pública permanecen atentos a los próximos movimientos en el tablero político peruano.
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