
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló este domingo que el presidente interino José Jeri afronta dos grandes responsabilidades antes de entregar el mando al mandatario que resulte ganador en los comicios de abril próximo: combatir la inseguridad y organizar las elecciones. “A eso se debe dedicar”, afirmó en diálogo con el diario Trome.
“Yo espero que tomen decisiones y que se tomen acciones para enfrentar este flagelo”, agregó la candidata presidencial, que busca ocupar la presidencia por cuarta vez.
Consultada sobre las medidas que aplicaría para reducir la inseguridad, indicó que en primer lugar instalaría el uso de inteligencia. En segundo término, convocaría a las Fuerzas Armadas y fortalecería a la Policía. “Y tercero, el cierre de las fronteras, pero además, en el tema de la migración, ser muy duros”, precisó.
Fujimori consideró inviable la propuesta de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sugerida por el aspirante presidencial y humorista Carlos Álvarez, quien mencionó esta idea para facilitar la aplicación de la pena de muerte.

“Creo que en los años 90 no se utilizó la pena de muerte para derrotar al terrorismo y creo que no se necesita para derrotar a la delincuencia. Lo que hace falta primero es decisión política”, afirmó.
Sobre la propuesta de Álvarez, la política indicó que las razones habría que consultarlas con él. “Yo propongo cadena perpetua y trabajo forzado para los delincuentes más peligrosos”, mencionó.
La eventual salida de Perú de la Corte IDH representa una antigua demanda de sectores conservadores del país, en su mayoría de derecha, que, según su postura, consideran que las resoluciones del tribunal han favorecido a procesados por terrorismo, como sucedió cuando anuló los juicios realizados por “jueces sin rostro” (de identidad reservada) a miembros de Sendero Luminoso y del MRTA.
La expresidenta Dina Boluarte declaró que no permitirá la intervención de la Corte IDH contra la ley de amnistía para policías y militares procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000), aprobada recientemente por el Congreso y pendiente de promulgación por el Ejecutivo.

“No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa, que lucharon arriesgando su vida contra la insanía del terrorismo”, dijo en su momento.
La exgobernante respondió de esa forma a la disposición emitida por el tribunal internacional de suspender el trámite de la ley de amnistía, aprobada el pasado 9 de julio por la Comisión Permanente del Congreso, escasos días antes del final del pasado periodo de sesiones.
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