
Desde el Ministerio del Interior (Mininter) informaron que mantiene comunicación con los gremios de transportistas luego del anuncio de un paro previsto para el 15 de enero, en respuesta a una serie de ataques recientes y al incremento de la inseguridad en el sector.
El ministro Vicente Tiburcio remarcó que “estamos conversando con ellos, también igual somos respetuosos de todas las personas que pueden levantarse de repente a hacer un paro”.
El funcionario defendió la postura de firmeza del Ejecutivo y reiteró que la administración acompaña los procesos de diálogo, comprometiéndose a abordar los conflictos de manera institucional.
“Siempre estamos acompañando a todas las personas. Somos conscientes desde que hemos ingresado como gobierno y hemos dicho que vamos a seguir siendo firmes (contra la delincuencia). Es un problema que nosotros encontramos en nuestro país, la inseguridad es el problema número uno”, declaró a la prensa.
La expectativa crece entre los trabajadores y usuarios del transporte público ante la inminente paralización. Los principales gremios de transporte urbano en Lima y Callao confirmaron la suspensión de operaciones y la movilización de miles de buses como respuesta a la falta de medidas efectivas contra la extorsión y los atentados.
Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, explicó que “no se trata de un tema personal ni de intereses mezquinos. No vemos ningún avance real en la lucha contra la extorsión y el sicariato. Los ataques continúan y necesitamos acciones concretas”.
Más de 12.000 unidades afiliadas a Transportes Unidos dejarán de circular durante la jornada de paro, lo que anticipa un impacto significativo en la movilidad urbana.
Empresas como La 50, Santa Catalina, Cristo Pachacamilla, Edilberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú, entre otras, participarán en la protesta.
Según detalló RPP, los buses se concentrarán en puntos estratégicos de la ciudad, mientras que la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú) anunció un “apagado de motores” y el envío de representantes al Congreso de la República.

Inseguridad, extorsión y demandas al Gobierno
El detonante inmediato del paro radica en la ola de crímenes sufridos por los trabajadores del transporte. Ojeda advirtió que cerca del 80% del sector se ve forzado a pagar cupos a organizaciones criminales, con montos que van de 10 a 30 soles diarios.
Los ataques suelen ocurrir en los horarios de cambio de turno policial, entre las 18:00 y las 23:00, y entre las 6:00 y las 8:00, lo que evidencia la vulnerabilidad del sector frente a bandas organizadas. “Si bien es cierto, en algunos pocos casos se ha reducido, ahora están exigiendo entre 10 y 30 soles diarios”, puntualizó el dirigente.
Los gremios insisten en la necesidad de mayor presencia policial y en la declaración de un estado de emergencia para el transporte urbano, ante el “deficiente manejo” de los casos de violencia.
Ojeda recordó que “nuestros paros son un grito de desesperación por unas rachas que se vienen realizando contra el transporte público, porque estamos llevando vidas humanas, independientemente de los mártires que tenemos en la conducción”.
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