El próximo jueves 8 de enero, a las 11:30 a. m., el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria llevará a cabo una audiencia virtual para evaluar el recurso de control de plazo presentado por la defensa legal de Juan José Santiváñez.
A través de este recurso, el exministro del Interior y de Justicia, pretende que el Poder Judicial le ordene a la Fiscalía de la Nación cerrar la investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del Estado. El argumento central de su defensa es que los plazos legales para la indagación han vencido y que el Ministerio Público debe emitir un pronunciamiento definitivo, sea para archivar el proceso o elevar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
A la espera del pronunciamiento fiscal
La defensa de Juan José Santiváñez sostiene que ya han agotado la vía administrativa ante el propio Ministerio Público. Según el documento presentado ante el Poder Judicial, se solicitó previamente a la Fiscalía el cierre de la indagación, recibiendo como respuesta que se emitiría una resolución en el plazo de ley. Sin embargo, los abogados del exministro denuncian que, a la fecha, no existe una manifestación oficial, lo que vulneraría el derecho al debido proceso.
Esta audiencia del 8 de enero resulta determinante, ya que el control de plazo es el mecanismo legal que impide que las investigaciones preliminares se extiendan de forma indefinida. Si el juez supremo falla a favor de Santiváñez, la Fiscalía se verá obligada a decidir el destino del caso en un periodo perentorio, lo que podría significar el archivo de una de las investigaciones más mediáticas del último año.
El origen de la investigación
La indagación fiscal contra Santiváñez se formalizó en agosto de 2024, tras la difusión de una serie de grabaciones entregadas por el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo Yarlequé, alias ‘Culebra’. Según la tesis del Ministerio Público, en dichas conversaciones el entonces ministro habría pedido gestionar el control sobre ciertos periodistas y habría ordenado procesos disciplinarios contra oficiales de la Diviac.
Dentro de esta carpeta fiscal, también se investiga una de las confesiones más polémicas atribuidas a Santiváñez: el presunto pedido de la presidenta Dina Boluarte para desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) como condición para asumir el cargo ministerial. Aunque el exministro ha negado reiteradamente la autenticidad de los audios y su participación en las conversaciones, la Fiscalía procedió incluso con el allanamiento de su vivienda en marzo de 2025 para recabar pruebas adicionales.
Un historial de investigaciones y la carrera al Senado
El resultado de esta audiencia tiene una relevancia política directa para las aspiraciones de Santiváñez. El exministro ha sido confirmado como candidato al Senado por el partido Alianza Para el Progreso (APP) para las próximas elecciones. En su hoja de vida consignó no tener condenas vigentes, pero este proceso por abuso de autoridad es solo uno de los varios que ha enfrentado.
Al asumir cargos ministeriales, Santiváñez consignó en su declaración jurada la existencia de otros procesos fiscales vinculados a presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y organización criminal. Por ello, el cierre o archivo de la investigación por el caso ‘Culebra’ representaría un respiro legal estratégico en medio de su campaña electoral y su búsqueda por asegurar un lugar en el nuevo Congreso bicameral.
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