La minería ilegal avanzó con fuerza durante el 2025 en plena Amazonía peruana, arrasando bosques, contaminando ríos con mercurio y debilitando a comunidades indígenas, mientras retrocesos normativos desde el Congreso amenazan con flexibilizar controles y facilitar operaciones ilícitas.
El año cierra con un escenario crítico para la salud pública y los ecosistemas, según alertó el Observatorio de Minería Ilegal (OMI).
Un año marcado por expansión delictiva
El Observatorio de Minería Ilegal presentó un balance que evidencia un crecimiento persistente de la actividad extractiva ilegal en la Amazonía y la zona andino-amazónica del país. El incremento de dragas en ríos, la deforestación acelerada, la contaminación con mercurio y la destrucción del tejido social se consolidaron como riesgos cada vez más difíciles de contener.
Organizaciones como Conservación Amazónica–ACCA reportaron expansión en nueve regiones del país, afectando 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas. La deforestación acumulada vinculada a la minería artesanal y de pequeña escala llegó a 139 169 hectáreas, con Madre de Dios como epicentro del 97.5% del total.
El corredor minero y zonas como La Pampa concentran operaciones con 1 613 dragas activas este año —frente a 140 reportadas en 2021— y la participación de unos 6 400 mineros ilegales.
Loreto, Huánuco y la expansión en cuencas vulnerables
El avance no solo se limita a Madre de Dios. En Loreto, cuencas como el Nanay, Chambiras, Yaguas y Tigre presentaron 42 dragas operando en un solo día, y un total de 688 en el año.
En Huánuco, la deforestación vinculada a minería ilegal se triplicó en un año: pasó de 558 hectáreas en 2024 a 1 700 en 2025. Ríos como el Yuyapichis figuran entre los más afectados.
El Natural Resource Governance Institute (NRGI) advirtió que la expansión responde también a constantes respaldos legislativos, que generan incentivos favorables para redes criminales.
Economías ilícitas: ganancias millonarias sin control
El estudio “Estimaciones sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú 2025″, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advirtió que el país aún carece de un sistema oficial e integral de medición y monitoreo.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que entre octubre de 2024 y 2025, la minería ilegal movió US$ 3 355 millones.
En los últimos 20 años, se estima además una producción acumulada de entre 476 y 3 260 toneladas de oro ilegal, valorizadas entre US$ 23 mil y US$ 165 mil millones.
Crisis por mercurio
Los estudios del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt alertaron que el 97% de las personas evaluadas en comunidades del Bajo Putumayo presentan niveles de mercurio por encima de lo recomendado por la OMS.
Ocho de cada diez mujeres en edad reproductiva tienen concentraciones asociadas a riesgo fetal, y peces como bagre lince, paiche y bocón superan los límites permitidos para consumo humano.
Informes en Madre de Dios muestran concentraciones de mercurio en aire entre 2 y 14 veces superiores a zonas alejadas, y que el 75% se deposita en bosques cercanos.
Asimismo, aves y murciélagos registran algunas de las concentraciones más altas reportadas en Sudamérica, asociadas a disminución de éxito reproductivo y alteraciones neuroconductuales.
Retrocesos en el Congreso
A lo largo del 2025, diversas iniciativas legislativas buscaron habilitar actividades mineras en cuerpos de agua y fajas marginales, pese a su prohibición en el Decreto Legislativo 1100.
Se presentaron además proyectos para ampliar plazos y reducir requisitos de formalización minera, lo que expertos consideran un “blindaje” para operaciones ilegales.
El estudio del NRGI sobre Loreto (2020–2025) identificó indicios de corrupción estatal, sobrerrepresentación de intereses vinculados a redes económicas ilegales y estrategias locales para impedir fiscalización.
Estado ausente y comunidades en riesgo
El balance confirma que, pese a esfuerzos puntuales de instituciones y sociedad civil, la minería ilegal sigue expandiéndose en un contexto de débil fiscalización, escasa coordinación interinstitucional y falta de trazabilidad del mercurio.
Aunque el Perú cumplió el 57.9% de sus compromisos del Convenio de Minamata, persisten brechas que facilitan el ingreso y uso del mercurio en minería ilegal.
Llamado urgente
El Observatorio de Minería Ilegal exhortó al Estado a frenar normas regresivas, fortalecer la supervisión ambiental y promover una minería ordenada, trazable y libre de mercurio, respetando derechos humanos y territorios.
El 2025 cierra con señales claras: sin reformas profundas y voluntad política, la Amazonía seguirá perdiéndose a un ritmo devastador que amenaza la salud de miles de personas, especies y ríos, pilares vitales para el país.
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