Rosario Fernández Bazán, candidata presidencial por la agrupación Un Cambio Diferente, se negó a firmar el Pacto Ético Electoral, alegando que la “ética no se firma, se practica”. No obstante, su pasado pone en cuestionamiento su coherencia tras conocerse que, apenas ocho días antes del evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fue denunciada penalmente por su participación en hechos violentos frente a una sede judicial.
Durante la ceremonia convocada a fin de que los partidos y movimientos firmen el compromiso voluntario que establece principios mínimos de respeto, transparencia y responsabilidad, la hermana del exalcalde prófugo Arturo Fernández mencionó: “la ética no se firma, se practica y hoy, con su respeto, no voy a firmar. Con respeto a los partidos nuevos, mil disculpas por su honorabilidad, pero lamentablemente veo partidos que han sido financiados irregularmente”.
Sus palabras provocaron reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos vinculaban sus declaraciones con Fuerza Popular, Infobae Perú corroboró que menos de diez días antes fue identificada como una de las principales organizadoras de una protesta frente a la sede judicial Natasha Alta, en la ciudad de Trujillo, en la que participó de lanzamiento de huevos y agresiones al personal.
Según informó la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el miércoles 10 de diciembre de 2025, un grupo liderado por la candidata se congregó frente a la sede al grito de arengas a favor de su hermano, condenado y actualmente prófugo de la justicia. La manifestación, lejos de ser un acto de protesta pacífica, degeneró en insultos y agravios verbales contra jueces y servidores jurisdiccionales, así como en agresiones físicas dirigidas a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y usuarios judiciales presentes.

Los informes oficiales detallan que, durante la protesta, los asistentes lanzaron huevos contra la infraestructura de la sede judicial, causando daños al patrimonio institucional y generando un clima de inseguridad para quienes se encontraban en el lugar. Como resultado de estos hechos, la Corte Superior interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público, específicamente contra Fernández Bazán, Dany Pinillos Vinces y otros individuos plenamente identificados. La denuncia sostiene que sus acciones “generaron conductas delictivas y afectaron la continuidad del servicio de administración de justicia”.
¿Qué es el Pacto Ético Electoral?
El Pacto Ético Electoral, impulsado por el JNE, es un acuerdo que busca precisamente promover la convivencia democrática y evitar la escalada de agresiones, campañas negativas y desinformación que han deteriorado los últimos procesos electorales.
El documento incluye, entre sus diez puntos principales, el rechazo categórico a los ataques personales, la obligación de promover debates sustentados en propuestas y la exhortación a frenar la propagación de noticias falsas, especialmente en redes sociales. También incorpora directrices sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y un mecanismo de vigilancia ciudadana a través de un Tribunal de Honor.
En la lista de partidos y alianzas que no se sumaron al Pacto Ético figuran, además de Un Cambio Diferente, agrupaciones como Renovación Popular, Perú Libre y la Alianza Fuerza y Libertad, entre otros.
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