El aparente anonimato digital con el que operaba la banda conocida como “El terror de la timba” tuvo un desenlace inesperado cuando una equivocación técnica permitió a la Policía ubicar a sus integrantes en Lima. Las orquestas intimidadas y forzadas a actuar sin pago vieron finalmente una respuesta después de meses de amenazas. Una denuncia detallada y la cooperación de los propios afectados aceleraron el proceso.
Los investigadores de la Dirección de Ciberdelincuencia rastrearon un elemento técnico que había pasado desapercibido por los delincuentes. Gracias a este descuido, fue posible identificar la fuente de los mensajes extorsivos, un paso fundamental para dar con los responsables y detener una serie de agresiones contra músicos de la capital peruana.
El detalle que marcó el principio del fin
El trabajo policial cobró impulso cuando una de las víctimas se presentó en la comisaría con registros de amenazas. Durante el análisis, los especialistas detectaron que los mensajes extorsivos no estaban lo suficientemente protegidos, lo que permitió rastrear la dirección digital de uno de los dispositivos utilizados. Este error resultó ser el eslabón perdido en la cadena de acciones de la banda.
El rastreo de la dirección IP señaló una vivienda donde los agentes encontraron a tres sospechosos. Al allanar el lugar, los oficiales incautaron teléfonos y otros dispositivos que habían servido como herramientas para las operaciones de chantaje. La falta de precaución en el uso de la tecnología dejó a la organización sin escapatoria y facilitó la intervención de la Policía Nacional.
La amenaza a orquestas
Las agrupaciones musicales de géneros tropicales y chicha estaban entre las principales víctimas de los extorsionadores. Desde hace semanas, representantes de Coco Liso, Ensamble y Los Babies de la Cumbia, entre otros, recibían mensajes y llamadas intimidantes. Los delincuentes exigían presentaciones gratuitas y cuotas mensuales, aprovechando el temor que despertaba el nombre de “el Jorobado”, un viejo conocido del mundo delictivo.
Los extorsionadores no solo exigían beneficios económicos, también forzaban a las orquestas a actuar en locales seleccionados por la banda. Los afectados relataban que la violencia psicológica era constante, con advertencias dirigidas incluso a familiares y allegados. La presión fue tal que varios grupos optaron por aceptar las condiciones para evitar represalias.
El rol de la menor detenida
Una vez identificados los responsables, la Policía confirmó la detención de tres personas, entre ellas una adolescente de diecisiete años. La investigación reveló que la cuenta bancaria de la menor era utilizada como canal para recibir los fondos exigidos a las orquestas extorsionadas. Después, las sumas recaudadas eran transferidas a los líderes de la organización.
La implicancia de la adolescente centra ahora la atención de las autoridades policiales y judiciales, que analizan su grado de participación y la posible utilización de su identidad de manera intencional o inducida. La presencia de una menor en la estructura delictiva suma un elemento de gravedad al caso y desencadenó una advertencia de la Policía sobre los riesgos de ceder datos personales o bancarios a terceros.
Evidencia clave en la investigación
En el registro de la vivienda donde operaba la banda, los agentes hallaron evidencias físicas que refuerzan la imputación. El arsenal confiscado incluía armas de largo alcance, algunas manipuladas para reducir el sonido de los disparos, además de dispositivos electrónicos que contenían los mensajes enviados a las víctimas.
La suma de testimonios, rastros digitales y material incautado permitió consolidar la investigación y presentar cargos contra los sospechosos sin margen de duda. Las agrupaciones musicales afectadas colaboran con el proceso en curso mientras la Policía Nacional prosigue con la recolección de más pruebas y el análisis de nuevas denuncias.
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