Las calles de Lima y Callao atraviesan una situación crítica derivada de la escalada de extorsiones y violencia ejercidas contra el transporte público. Grupos delictivos han impuesto un clima de temor que ha provocado la salida de cinco mil unidades formales, una cifra que profundiza el déficit de alternativas seguras para millones de usuarios de la capital. Esta crisis abre la puerta a alternativas informales y agrava la exposición al delito ante la ausencia de controles adecuados.
La tendencia al reemplazo de buses autorizados por vehículos irregulares es cada vez más notoria. Las autoridades reconocen la transporte sin regulación, mientras los operadores formales abandonan rutas y rutas enteras desaparecen. La inseguridad, que surge de la presencia de bandas organizadas, debilita al sistema y contribuye a que ciudadanos recurran a opciones sin supervisión.
Extorsión y freno en la oferta de buses
El cobro de cupos y la intimidación a las empresas han supuesto la reducción drástica del parque automotor formal. Según registros de El Comercio, al menos cinco mil buses quedaron fuera de circulación, lo que repercute de manera directa en la movilidad diaria de los habitantes, especialmente en zonas periféricas. La permanencia de amenazas y atentados ha cambiado el panorama laboral, ahuyentando a antiguos y potenciales conductores profesionales.
En este contexto, la respuesta de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se ha enfocado en operativos que, hasta la fecha, retiraron cinco mil quinientos setenta y tres vehículos informales, una cifra récord. Sin embargo, este esfuerzo estatal apenas compensa la retirada de los vehículos legales y arroja una sombra sobre la capacidad de restablecer el control total en las principales avenidas.
Auge del transporte informal
La escasez de opciones legítimas impulsa el aumento de colectiveros y prestadores informales. Los vacíos generados por la salida de empresas constituidas favorecen el uso de autos particulares y minivans, muchas veces sin radares, ni comunicación por radio, y sin cumplir normas técnicas ni protocolos de seguridad. De acuerdo con directivos del sector, este fenómeno compromete la integridad de los pasajeros y fomenta la proliferación de delitos vinculados al transporte.
Esta realidad se observa en los depósitos de la ATU, donde la cantidad de unidades intervenidas crece cada mes. La demanda de movilidad no desciende, y la ausencia de alternativas formales da lugar a arreglos improvisados. Este desbalance erosiona tanto la calidad del servicio como la percepción de seguridad en los trayectos cotidianos.
Temor e impacto en el empleo
El clima de hostilidad no solo afecta la operación de las rutas, sino también la disponibilidad de mano de obra calificada. Desde la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, su director Martín Ojeda ha expuesto que la inseguridad laboral desincentiva el ingreso y la permanencia de choferes al sector. Los ataques y extorsiones se traducen en escasez de personal, lo que obliga a algunas rutas a dejar de operar o a empresas a flexibilizar regulaciones para mantenerse activas.
Ojeda ha subrayado que el desprestigio del oficio y la falta de reconocimiento social, sumados a la criminalidad, empeoran la situación en el país. Detalla que, a escala global, la carencia de conductores alcanza entre el dieciocho y el veinte por ciento, pero en Perú el fenómeno se agrava por el peso específico de la violencia. En consecuencia, esto facilita la expansión de la informalidad y reduce estándares de calidad en el transporte.
Esfuerzos estatales y nuevos retos
Pese a los constantes operativos de la policía y la ATU, las autoridades admiten que las intervenciones resultan insuficientes frente a la magnitud del fenómeno. La remoción de vehículos no autorizados y la supervisión de rutas han ayudado, pero la dura realidad es que la inseguridad supera los mecanismos de control existentes. Los controles restrictivos, en ocasiones, terminan expulsando a operadores formales y no logran frenar la dinámica delictiva detrás del transporte urbano.
El sector requiere de una respuesta coordinada y un refuerzo de las políticas de protección a conductores. Las estadísticas oficiales muestran un escenario donde la violencia, la reducción de alternativas seguras y la expansión del transporte clandestino se entrelazan para desafiar a las instituciones. Mientras no se alcancen acuerdos efectivos y un fortalecimiento del sistema formal, la crisis del transporte en Lima seguirá profundizándose.
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