Tuberculosis: la crisis silenciosa que seguimos ignorando

La tuberculosis en el Perú es una enfermedad que hace décadas refleja con crudeza nuestras fracturas estructurales. No es solo un problema de salud pública, es una expresión extrema de pobreza, inequidad, malnutrición, hacinamiento y precariedad. Y, aunque los discursos oficiales resaltan supuestos avances, la realidad muestra que seguimos enfrentando una emergencia silenciosa que se normaliza en los territorios más vulnerados del país.

Hasta 2023, el Perú mantenía una de las tasas de incidencia más altas de América: 94 casos por cada 100 mil habitantes, lo que representa más de 31 mil personas afectadas en un solo año. Las regiones con mayor carga son Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Lima, Callao, Lambayeque, y coinciden con los espacios donde los determinantes sociales de la salud también son adversos: economías informales, servicios públicos insuficientes y desigualdades.

La situación se agrava con la sombra persistente de la tuberculosis frente a la cual el Perú ha cargado con una de las tasas más altas de la región durante años, pero la resistencia no surge de la nada ya que es consecuencia de tratamientos incompletos, malas prácticas clínicas, desabastecimientos, y sistemas de seguimiento debilitados. Pero también es consecuencia de condiciones de vida que impiden sostener un tratamiento largo, complejo y frecuentemente acompañado de efectos secundarios. Exigir adherencia sin garantizar condiciones para vivir dignamente es responsabilizar al paciente por fallas que son sistémicas.

Uno de los factores más determinantes es el estado nutricional, ya que la evidencia nos dice que los programas como el PANTBC, que entregan una canasta alimentaria mensual a pacientes y a sus familias, buscan intervenir en esta dimensión. Sin embargo, los recientes hallazgos de la Defensoría del Pueblo revelan que su implementación está lejos de garantizar el derecho a una nutrición adecuada.

Los hallazgos muestran con claridad que diversas municipalidades del país enfrentan problemas crónicos en la implementación del programa alimentario para personas con TBC. El 32.31% de municipalidades evaluadas por la Defensoría reporta dificultades en los procesos de adquisición, incluyendo demoras en la Buena Pro (21 casos), escasez de proveedores (17) y procesos desiertos (12). A esto se suma que el 20.52% presentó discrepancias entre la cantidad de canastas recibidas y el número real de pacientes, revelando fallas de planificación y seguimiento.

Los problemas de control sanitario tampoco son menores: el 16.28% de municipalidades evaluadas tenían alimentos próximos a vencer, 13 provincias reportaron productos sin rotulado, principalmente arroz, frejol, maíz mote y azúcar, y aunque 70.05% sí coloca el sello “prohibida su venta”, todavía hay 5.53% que no aplica ningún tipo de identificación, aumentando el riesgo de desvío o uso irregular.

En cuanto a la distribución, el 83.84% entrega canastas mensualmente, pero 21.40% de municipalidades registró entregas retroactivas fuera de plazo solo en el primer trimestre de 2025, repitiendo un patrón similar al 2024, donde 23.21% también incumplió los cronogramas. Además, en varias jurisdicciones no se garantizan canastas completas ni alineadas a los estándares técnicos del MINSA, que indican raciones equivalentes para 30 días continuos.

En esas condiciones, el soporte alimentario difícilmente cumple su función nutricional y termina reduciéndose a un parche asistencial. Más aún cuando el análisis del valor nutricional revela limitaciones preocupantes, aunque la canasta aporta 5018 kcal diarias para el paciente y sus cuatro contactos, con 61.46% de carbohidratos y 27.84% de lípidos, el componente proteico —clave para la recuperación y el refuerzo inmunológico— apenas alcanza 8.86%, muy por debajo de lo recomendado. Estudios citados en el propio informe señalan que la adecuación proteica llega solo al 6.2%.

La TBC no es solo un desafío médico; es un desafío político. Uno que exige liderazgo estatal, financiamiento estable, sistemas de vigilancia robustos y una articulación real entre MINSA, MIDIS, municipalidades y organizaciones comunitarias. Requiere, además, voluntad política para dejar de normalizar enfermedades como la tuberculosis en entornos donde se perpetúa la pobreza.

Es imprescindible asumir que sin políticas integrales de protección social, alimentación digna y suficiente y vivienda adecuada, el control de la TBC será siempre insuficiente. Y sin participación comunitaria, sin activación de las organizaciones de base y sin mecanismos reales de vigilancia ciudadana, las brechas en transparencia y ejecución seguirán repitiéndose año tras año.

La tuberculosis es, en el Perú, un recordatorio contundente de que las enfermedades no se distribuyen al azar, siguen la geografía de la desigualdad. Mientras los programas alimentarios continúen desconectados de las necesidades nutricionales reales de los pacientes, y mientras el Estado no ejerza el liderazgo que este problema exige, la TBC seguirá siendo una enfermedad normalizada. Pero, el país cuenta con conocimiento técnico, experiencia acumulada y recursos suficientes para transformar esta realidad; lo que falta es decisión política y un compromiso auténtico con la vida y la dignidad de quienes enfrentan, casi siempre en silencio, esta enfermedad que debería ser ya parte del pasado.