El Gobierno de Perú ha anunciado la convocatoria a un Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de emergencia en las fronteras del país, una medida orientada a contener el creciente flujo de migrantes que intentan ingresar desde Chile, especialmente por la región de Tacna. El presidente José Jerí comunicó la decisión a través de un mensaje en redes sociales, en el que señaló la necesidad de reforzar los puntos fronterizos junto a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Migraciones, quienes intensificarán los controles de identidad. Según Jerí, el objetivo es “redoblar esfuerzos con las FF.AA. en su vigilancia” y garantizar la seguridad de los ciudadanos peruanos.
Aumento de la presión migratoria en la frontera sur
En los últimos días, se registra la llegada de decenas de migrantes, la mayoría venezolanos, al límite fronterizo entre Perú y Chile, principalmente en las provincias de Tacna y Tarata. El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, informó que actualmente hay entre setenta y ochenta personas, incluyendo menores de edad, varadas en el lado chileno de la frontera. “Han bloqueado la vía y no pasan ni los tráilers ni los autos, hay columnas de vehículos en ambos lados”, explicó Torres, al advertir que la situación podría agravarse en los próximos días.
La concentración de migrantes ocurre en un contexto de alta tensión política en Chile, donde uno de los candidatos presidenciales plantea medidas estrictas para expulsar ciudadanos indocumentados. Esta amenaza ha motivado a grupos de migrantes a intentar cruzar hacia el territorio peruano en busca de mejores oportunidades o seguridad.
Solicitud del estado de emergencia y coordinación interinstitucional
La declaración de emergencia responde a un pedido formal del gobierno regional de Tacna. Torres destacó a RPP Noticias que la preocupación principal reside en la protección de la línea fronteriza y no en las ciudades peruanas. “El pedido concreto es que se declare en estado de emergencia la frontera, desde Bolivia hasta el mar”, precisó el gobernador, subrayando la extensión de más de ciento cincuenta kilómetros que representa un enorme reto logístico para las autoridades.
En el terreno, la dotación policial actual se estima en unos cincuenta agentes, insuficientes para patrullar toda la franja fronteriza. “Con esta emergencia seguramente movilizarán más policías desde otras partes del país a Tacna”, afirmó Torres, quien además anunció que el gobierno regional apoyará con vehículos equipados para el patrullaje, incluyendo unidades con comunicación satelital. La Aduana también entregará más vehículos a la Policía Nacional para reforzar los operativos hasta la emisión del decreto supremo.
Refuerzos y atención humanitaria ante la crisis
Las autoridades locales, junto a la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Migraciones y otras entidades, sostienen reuniones diarias en la línea fronteriza para coordinar acciones inmediatas. Además del refuerzo en seguridad, el gobernador anunció el fortalecimiento del puesto de salud de Complejo Santa Rosa con más médicos, enfermeras y ambulancias, considerando la presencia de menores de edad entre los migrantes. “Ya pasamos esto hace unos años atrás, así que la mayoría de aquí presentes ya tienen experiencia”, sostuvo Torres.
El orden en la frontera se mantiene con dificultad ante el crecimiento de la población migrante, muchos de los cuales permanecen sin radares, ni comunicación por radio suficiente para las fuerzas de seguridad. La medida busca atender la preocupación de los vecinos y asegurar que el ingreso de extranjeros indocumentados se realice de manera controlada, permitiendo únicamente el acceso a quienes cuenten con la documentación en regla.
Tránsito bloqueado y expectativa ante la decisión del Gobierno
En tanto se espera la publicación del decreto supremo que oficializará el estado de emergencia, la tensión crece debido al bloqueo de vías y la presencia de migrantes que dificulta el cruce de vehículos y mercancías entre ambos países. Las autoridades peruanas consideran la situación como crítica y aseguran que esta respuesta es necesaria para proteger tanto la soberanía como los derechos de las personas desplazadas y comunidades fronterizas. El país permanece alerta ante la evolución de la crisis y se prepara para una vigilancia reforzada en toda su línea limítrofe con Chile.
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