Una requisa sorpresiva permitió al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) incautar televisores, reproductores de DVD y otros objetos prohibidos en el penal de máxima seguridad Anexo Mujeres de Chorrillos. El operativo, que se desarrolló el 25 de noviembre, estuvo encabezado por el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, y reunió a más de 30 agentes que inspeccionaron con rigor las celdas del establecimiento.
Durante la intervención, las fuerzas de seguridad del INPE dividieron su trabajo en equipos para revisar minuciosamente cada celda y pertenencia de las internas. Además de la incautación de equipos electrónicos, agentes especializados desinstalaron conexiones eléctricas no autorizadas, cumpliendo con los protocolos de seguridad penitenciaria establecidos para estos operativos en cárceles de máxima seguridad.
El resultado inmediato incluyó la incautación de 06 televisores, 04 reproductores de DVD y diversos objetos cuya tenencia no está permitida en el recinto. Según información oficial del INPE, en lo que va del año se han realizado más de 2.800 requisas en los penales del país, lo que ha permitido decomisar 776 celulares, 1.154 accesorios para móviles, 3295 armas punzocortantes y casi 48 litros de licor fermentado, conocido como chicha canera.
Internas intervenidas y cumplimiento de protocolos
En la requisa participaron internas que están siendo procesadas o sentenciadas por delitos graves, entre ellas figuras conocidas como Wanda del Valle, alias “la Bebecita del Crimen”, Martina Hernández De la Cruz –madre de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’– y Gina Gisela Tamayo Espichán, conocida bajo el alias de Gigi Taes. Las mujeres fueron trasladadas al patio del pabellón 3 durante la inspección, y la revisión corporal fue realizada por personal femenino, cumpliendo las normas que exige el protocolo.
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, afirmó que estas acciones forman parte de una política enfocada en prevenir extorsiones y delitos orquestados desde el interior de los establecimientos penitenciarios. “Por disposición del presidente José Jerí continuamos con las requisas, como el apagón eléctrico, además de incautar celulares. Seguimos con fuerza y buscamos frustrar ilícito que atente contra la seguridad ciudadana”, señaló la máxima autoridad penitenciaria.
Aumento de requisas y lucha contra la corrupción interna
Las operaciones de incautación de objetos ilícitos se han incrementado en un 21 a 23 por ciento respecto a los años anteriores. Entre julio y noviembre de 2025, la gestión de Iván Paredes ha priorizado la seguridad penitenciaria y la erradicación de actividades extorsivas, sumando 2.505 requisas solo en ese periodo, superior a las 1.934 y 1.986 del mismo lapso en 2024 y 2023, respectivamente.
Un aspecto clave de la actual administración es la lucha contra la corrupción dentro del sistema penitenciario. En los últimos meses, el INPE ha cambiado la dirección de 66 penales y de las ocho oficinas regionales, además de procesar a 49 trabajadores por presuntos delitos asociados al ingreso de objetos prohibidos, abuso de autoridad y favores indebidos.
El reforzamiento de los protocolos incluye la rotación constante del personal de seguridad y la intensificación de los controles a las visitas, lo que ha dado como resultado la intervención de más de 800 personas y la incautación de 227 celulares adicionales en los accesos a los penales.
Transferencias y acciones complementarias en penales de alta seguridad
Como medida complementaria para mantener la seguridad y el control, 252 internos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados recientemente a penales como Challapalca, Cochamarca y el nuevo pabellón de régimen cerrado especial de Ancón 1. Los traslados buscan limitar el margen de maniobra de quienes encabezan organizaciones criminales desde los centros de reclusión.
Estos operativos se desarrollan en el contexto de la ampliación de la Declaratoria del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y Callao, lo que ha permitido fortalecer el principio de autoridad y la capacidad de respuesta frente al crimen organizado en las cárceles del país.
El INPE mantiene activa su política institucional destinada a combatir delitos cometidos desde los establecimientos penitenciarios, asegurando que la vigilancia y los controles sean permanentes, en línea con los recientes lineamientos del Ejecutivo.
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