La Comisión de Ética Parlamentaria determinó sancionar a la congresista Susel Paredes luego del debate generado por la participación de personas trans en el baño femenino del Palacio Legislativo durante un evento sobre diversidad. La decisión se adoptó tras una votación interna que modificó la propuesta original, la cual planteaba suspender a la parlamentaria por 30 días con descuento de haberes.
La denuncia que dio origen al proceso fue presentada por la legisladora Milagros Jáuregui y señalaba que el ingreso de las asistentes habría causado incomodidad entre trabajadoras, periodistas y personal de seguridad. El caso surgió a partir del foro “Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia”, que reunió a cerca de 30 personas trans en un espacio organizado en instalaciones del Congreso.
La denuncia y antecedentes del caso
La Comisión de Ética aprobó anteriormente el inicio de una investigación contra Paredes tras admitir la denuncia presentada por Jáuregui, quien planteó una suspensión de 120 días sin remuneración. Con ocho votos a favor, el grupo parlamentario consideró que la legisladora habría infringido el Código de Ética durante el foro realizado en la sede legislativa el 31 de marzo, en el que participaron personas trans invitadas al evento.
En ese momento, la parlamentaria Sigrid Bazán cuestionó que se pretendiera sancionar a Paredes por permitir que las personas asistentes accedieran a los servicios higiénicos según su identidad de género. Su posición no obtuvo respaldo mayoritario, pese a que argumentó que no correspondía convertir la comisión en un espacio de enfrentamiento político entre congresistas con posturas distintas. Los votos a favor provinieron de legisladores de Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Renovación Popular y el Bloque Magisterial.
Modificación de la propuesta de sanción
Durante la sesión de este lunes 24, los integrantes de la Comisión de Ética revisaron el informe final del expediente 213-2024-2025/CEP-CR. La propuesta inicial recomendaba suspender por un mes a la congresista con descuento de haberes, medida que habría representado la sanción más severa prevista para este tipo de faltas. Sin embargo, el congresista Pasión Dávila presentó una cuestión previa para modificar el contenido del informe.
La cuestión previa obtuvo siete votos a favor y cuatro en contra, lo que redujo la sanción a una amonestación escrita pública. La decisión evidenció posiciones divididas respecto al alcance del proceso, en un caso que permaneció en el centro del debate parlamentario por tratarse de un evento relacionado con la comunidad LGBTIQ+ y su participación en instalaciones del Congreso.
El foro sobre diversidad y el uso de los servicios higiénicos
El evento “Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia” se desarrolló en la sala Héroes de la Democracia del Congreso y convocó a unas 30 personas trans. De acuerdo con las cámaras de seguridad, Paredes acompañó a las invitadas hacia los servicios higiénicos destinados al público femenino, lo que motivó los cuestionamientos posteriores de algunos parlamentarios.
La denuncia sostuvo que este hecho habría ocasionado malestar entre trabajadoras, periodistas y miembros del personal de seguridad, además de exponer a menores que recorren el Parlamento durante las visitas guiadas. Los firmantes argumentaron que la situación vulneraba los artículos 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria, así como disposiciones del reglamento interno utilizadas por la comisión en procesos disciplinarios similares.
Reacciones y posiciones dentro y fuera del Congreso
Organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ expresaron su rechazo a la denuncia y calificaron la medida como un acto discriminatorio. Señalaron que la participación de personas trans en espacios institucionales no constituye una falta ética y destacaron que actividades similares se han realizado en ocasiones anteriores sin generar procedimientos sancionadores. Recordaron además que otros congresistas han recibido a colectivos trans sin enfrentar cuestionamientos de esta naturaleza.
La propia Paredes declaró que el proceso busca silenciar su labor congresal. Sostuvo que la sanción responde a una posición política contraria a su trabajo en temas de derechos humanos y recordó que, según su versión, la presencia de personas trans en el Parlamento no representa una irregularidad. Indicó que este caso se convierte en un intento de limitar su actividad legislativa y denunció una actitud dirigida a desalentar su participación en debates asociados a la igualdad.
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