El presidente de la República, José Jerí, presentó al Congreso un proyecto de ley para delegar facultades legislativas al Ejecutivo por 60 días calendario.
Esta solicitud tiene como objetivo habilitar al Gobierno para emitir normas con rango de ley en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, promoción de una economía responsable y el fortalecimiento institucional.
La iniciativa surgió durante una coyuntura marcada por la intensificación de las acciones oficiales contra la delincuencia y la demanda social por respuestas efectivas.
Decreto de urgencia y contenidos centrales del proyecto de ley
El documento, registrado como Proyecto de Ley 13280-2025-PE, fue ingresado el 20 de noviembre al Área de Trámite Documentario del Parlamento y remitido con carácter de “muy urgente”, conforme al artículo 105 de la Constitución.
Según la exposición de motivos, el Ejecutivo busca fortalecer la capacidad estatal ante la creciente inseguridad y optimizar el sistema penal, policial y penitenciario.
El pedido consigna el respaldo unánime del Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro Ernesto Álvarez, y establece que la delegación abarcará tres grandes áreas: seguridad y crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento de las instituciones públicas.
A lo largo del texto se detallan 23 propuestas, que priorizan la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos (SEEDC) y la implementación de la Brigada Canina de Seguridad Penitenciaria del INPE.
Financiamiento, alcance y expectativas de impacto
Todas las acciones propuestas por el Ejecutivo se ejecutarán utilizando el presupuesto institucional vigente, por lo que no se contempla la creación de nuevos gastos públicos.
La medida pretende generar “un impacto positivo en los indicadores de seguridad ciudadana” y consolidar una mejora sostenible en la eficacia de las políticas públicas de prevención y control del delito.
El documento fija el plazo para legislar en 60 días a partir de la entrada en vigor de la ley, si el Congreso la aprueba.
La solicitud de facultades legislativas también comprende medidas de impulso económico, siempre bajo el principio de la responsabilidad fiscal, así como reformas en los procedimientos y herramientas institucionales para la gestión pública.
Operativos y llamados al Congreso
El mismo día de la presentación, José Jerí instó públicamente al Parlamento a evaluar la propuesta con celeridad y se mostró confiado en la colaboración tradicional entre ambos poderes para enfrentar el problema de la inseguridad.
El mandatario realizó este anuncio tras encabezar un operativo policial en Ate, que culminó con la detención de una presunta banda criminal vinculada a delitos de extorsión y el decomiso de armamento, drogas y evidencia sobre posibles víctimas.
Jerí remarcó la necesidad de adaptar estrategias ante un escenario en el que las organizaciones delictivas utilizan tecnología avanzada —incluyendo drones— y recursos variables.
La petición para delegar facultades, afirmó, permitirá que el Ejecutivo cuente con las herramientas normativas requeridas para responder de manera ágil y coordinada.
En paralelo, el presidente visitó el puesto de Comando de Avanzada en la Plaza Gastañeta, en el centro de Lima, donde pudo comprobar el trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia vigente.
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