Diez disparos atravesaron el bus de la línea San Germán el pasado domingo 16 de noviembre en San Martín de Porres, dejando al conductor herido y a los pasajeros sumidos en el pánico, en medio de una ola de ataques extorsivos que golpea al transporte urbano en Lima.
El atentado, documentado en video y difundido en redes sociales por el propio agresor, puso nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores del sector y la insuficiencia de las medidas de seguridad.
El ataque al bus se produjo en plena ruta, a escasos metros de un centro educativo, mientras la unidad trasladaba pasajeros, informaron policías. El conductor, de 69 años, sobrevivió pese a recibir heridas y fue llevado de urgencia a un hospital, donde permanece fuera de peligro.
Los cristales estallaron por el impacto de la ráfaga y el registro en la carrocería mostró la magnitud de la agresión, que fuentes policiales atribuyen a mafias dedicadas al cobro de cupos.
Latina Noticias relató que los segundos de terror quedaron grabados en la memoria de quienes iban a bordo. “Pasaron las ruedas delanteras del rompemuelles, lo vi y comenzó a disparar. Me quedé así y las balas pasaron hacia el frente”, relató el chofer a ese medio, aún con la voz temblorosa.
“Espero que esto no le suceda a ninguno de mis compañeros, porque es horrendo lo que ha pasado. Me he visto que los extorsionadores no tienen alma, no tienen sentimiento, no hay nada, no hay nada”, agregó ante las cámaras de Latina Noticias.
La preocupación y el miedo no solo alcanzan a los conductores, sino también a los pasajeros, como confirmó el testimonio del hijo del conductor: “Yo vi que mi papá se desplomó, yo me tiré encima de mi papá y me decía: ‘Mi cabeza, mi cabeza’. Solo era el impacto de los vidrios, de la fuerza del disparo, menos mal”.
El sector de transportistas ha reaccionado con una advertencia firme ante la creciente violencia. Líderes gremiales han anunciado la posibilidad de un paro de 48 horas en Lima y Callao si se produce otro ataque a conductores.
“Un ataque más a cualquier unidad de transporte tradicional y convencional, al día siguiente se establecerá un paro”, declaró Martín Ojeda, representante del gremio.
Al reclamo de mayor seguridad se sumó el pedido de intervención del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, pidiendo coordinación con la Policía a fin de impedir más muertes inocentes.
La empresa San Germán S.A. expresó su rechazo a la escalada de violencia e insistió, mediante un comunicado en que los datos públicos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) “demuestran que la criminalidad no ha disminuido; por el contrario, los ataques contra el transporte urbano se han vuelto más violentos y frecuentes”.
Entre las exigencias planteadas, solicitaron la captura de los autores del atentado, la ampliación del estado de emergencia con medidas más severas y la conformación de mesas técnicas de trabajo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio del Interior.
Las cifras divulgadas por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público muestran el impacto de la violencia: de enero a octubre de este año, 56 personas han fallecido en ataques directos a buses de transporte público, de las cuales 50 eran transportistas y los seis restantes pasajeros.
En los primeros 21 días del estado de emergencia, Lima y Callao sufrieron al menos 44 muertes asociadas a la criminalidad en el transporte, pese a las restricciones vigentes.
La situación ha llevado a familiares de las víctimas a buscar refugio y consuelo, como relató la familia de Luis Caja, otro conductor alcanzado por la extorsión y la violencia. “Perder un familiar no es cosa simple. Nosotros nos consolamos en Dios”, dijo uno de sus parientes a Latina Noticias.
Mientras persisten los ataques y la alarma entre los trabajadores del sector, las autoridades enfrentan cuestionamientos por la falta de resultados tangibles tras el establecimiento del estado de emergencia. La exigencia de respuestas concretas para contener la violencia está presente en cada testimonio.
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