El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), solicitó al Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo archivar el procedimiento que se le sigue por presunta vulneración a la neutralidad electoral. El caso se originó luego de que se confirmara que una cámara institucional del Parlamento fue utilizada durante el evento partidario de Fuerza Popular, donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial.
En su descargo formal, el también primer vicepresidente de la Mesa Directiva —quien asumió la presidencia interina del Legislativo— deslindó de toda responsabilidad. “Sin perjuicio de que el presente procedimiento debe ser archivado por carecer de fundamento, informo que a través de las instancias pertinentes del Congreso se ha procedido al inicio del procedimiento sancionador respectivo contra los involucrados en este caso”, señaló en el oficio enviado al JEE.
Rospigliosi sostiene que no existe ningún “acto” específico que se le pueda atribuir como vulneración de la neutralidad electoral, tal como exigen las normas. Cuestionó, además, que el informe de fiscalización del Jurado intente ampliar esa definición hacia una “supuesta omisión impropia de vigilancia”.
El titular del Parlamento subraya que no hay evidencia de que haya utilizado su posición para influir en la intención de voto de la ciudadanía, pese al uso del equipo del Congreso en el evento político. “No hay evidencia de instrucción o participación del presidente en el uso de la cámara en el evento partidario”, enfatizó. Agregó que, de acuerdo con el reglamento interno del Poder Legislativo, la supervisión del servicio parlamentario recae en la Oficialía Mayor, encabezada por Giovanni Forno, quien también ha sido requerido por el JEE para presentar sus descargos.
Polémica por el uso de recursos del Congreso en evento partidario
El caso estalló tras la difusión, por parte de Sol TV, de un video que mostraba el uso de una cámara institucional durante el lanzamiento de campaña de Keiko Fujimori en Trujillo. El hecho generó una fuerte controversia y motivó una moción de censura contra Rospigliosi, impulsada por la congresista Ruth Luque y respaldada por sus colegas Susel Paredes, Sigrid Bazán y Carlos Zeballos.
“Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso, pretende no asumir responsabilidades políticas y limpiarse las manos con la supuesta ‘renuncia’ de un trabajador, cuya dependencia en el Parlamento era en oficinas que dependen de su gestión”, escribió Luque en su cuenta de X.
La parlamentaria consideró que el uso de bienes públicos para actividades partidarias vulnera el principio de neutralidad y pone en duda la imparcialidad del Legislativo frente al proceso electoral del 2026.
El trabajador involucrado en el traslado de la cámara es Daniel Luza, integrante de la Oficina de Participación Ciudadana, dirigida por Edwin Lévano Gamarra. Ambos mantienen vínculos con Fuerza Popular: según el Registro de Organizaciones Políticas, Lévano figura como militante activo y Luza aparece como aportante del partido.
Tras conocerse el hecho, Rospigliosi emitió un comunicado en el que aseguró haber dispuesto una investigación administrativa interna y destacó que el trabajador implicado renunció voluntariamente. “Una vez que se conoció el uso indebido de recursos del Congreso, se inició el procedimiento sancionador correspondiente”, explicó.
Reacciones dentro y fuera del Congreso
La bancada de Fuerza Popular trató de minimizar el incidente, señalando que se trató de una “iniciativa personal” del trabajador. Sin embargo, para la oposición, el caso refleja un patrón de uso indebido de recursos públicos y falta de control institucional.
En su defensa, Rospigliosi reiteró que las funciones administrativas del Parlamento no dependen directamente del titular del Congreso. “Por reglamento, la labor de supervisión del servicio parlamentario recae en la Oficialía Mayor”, insistió.
Pese a su explicación, las críticas continuaron. Luque y otros legisladores remarcaron que el funcionario que llevó la cámara dependía de una oficina bajo la órbita del despacho de Rospigliosi, por lo que debía asumir responsabilidad política.
Por su parte, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, precisó que el servidor Daniel Luza alegó en sus descargos haber tomado la cámara por error, al confundirla con su equipo personal.
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