Piura: denuncias por extorsión se multiplicaron por nueve en los últimos seis años

La reciente fuga de un interno del penal de Piura ha vuelto a poner los reflectores sobre el combate del crimen. En esa línea, el 61% de piuranos se siente inseguro al caminar de noche, en un contexto marcado por el significativo incremento de denuncias por extorsión y por actividades vinculadas a minería ilegal, mientras que la infraestructura de las comisarías y la utilización del presupuesto público muestra desafíos significativos.

Crece la extorsión

Entre enero y setiembre de 2025, la región registró un total de 928 denuncias de hecho delictivos por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional (1,202) y 27.1% menor que en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, las denuncias por extorsión han crecido de manera alarmante. En el mismo periodo, se registraron 107 denuncias por cada 100 mil habitantes, nueve veces más que en 2019, y por encima del promedio nacional (60). Con ello, Piura es la tercera región del norte con mayor tasa de extorsiones por quinto año consecutivo, por detrás de Tumbes (162) y La Libertad (159).

Fuente: SIDPOL. Elaboración: IPE

Sullana, Talara y Piura son las provincias donde más han crecido las denuncias por extorsión. En Sullana, los casos pasaron de solo 12 a 256 por cada 100 mil habitantes entre enero y setiembre de 2019 y el mismo periodo de 2025. Este incremento ocurre en un contexto de expansión de la minería ilegal. A agosto de 2025, Sullana concentró más del 70% de las denuncias por delitos vinculados a esta actividad, las cuales se duplicaron hasta alcanzar 8 por cada 100 mil habitantes, en comparación con el mismo periodo de 2020. En Talara, las denuncias por extorsión crecieron de 25 a 173 por cada 100 mil habitantes, mientras que en la provincia de Piura pasaron de 16 a 107 en ese mismo periodo.

Fuente: SIDPOL. Elaboración: IPE

Infraestructura precaria

El avance del crimen y las economías ilegales exige una respuesta inmediata por parte de la PNP y las autoridades subnacionales. Sin embargo, esto se ve limitado por la precariedad de la infraestructura policial: según el Ministerio del Interior, a agosto de 2025, apenas el 28% de las comisarías en la región está en buen estado y tres de cada cinco no cuenta con servicios básicos adecuados.

Fortalecer la capacidad de respuesta requiere una asignación presupuestal eficiente. Sin embargo, en 2025, el presupuesto asignado a orden público y seguridad en la región ascendió a S/101 millones ajustado por inflación, 29.6% menor al de 2024. Además, al cierre del tercer trimestre de 2025 solo había ejecutado el 60% de ese presupuesto, levemente por debajo del 62% registrado en el mismo periodo de 2024.

El déficit de infraestructura también se evidencia en la sobrepoblación carcelaria de Piura, lo que limita el control efectivo de los internos. A julio de 2025, los penales de la región albergan 4,837 internos y superan su capacidad instalada en 209%. Esta sobrepoblación viene aumentando constantemente desde 2021 (145%).

Para fortalecer la capacidad de las autoridades subnacionales frente al avance criminal, conviene aprovechar mecanismos de colaboración público-privada como Obras por Impuestos (OxI). Es un avance que el INPE haya impulsado la ampliación del penal de Piura vía OxI lo que permitirá reducir la sobrepoblación. Esta experiencia se deberá replicar en las comisarías para mejorar su equipamiento e infraestructura. También es clave reforzar la presencia policial en zonas vulnerables por economías ilegales e intensificar la inteligencia para desarticular redes criminales.

Elaborado por Alonso Macedo, economista del IPE, con colaboración de Maylith Coronel.