El distrito de Ventanilla, en el Callao, enfrenta una crisis de seguridad marcada por el asesinato de un conductor de transporte público.
La víctima, identificada como José Johnny Esqueche Ningles, fue atacada a balazos en la avenida Néstor Gambetta mientras manejaba su unidad de la empresa Liventur.
El hecho ocurrió la noche del lunes 27 de octubre y conmocionó tanto a la comunidad de transportistas como a los usuarios habituales de la ruta.
Desde la madrugada posterior al crimen, cientos de transportistas bloquearon la principal vía de acceso al primer puerto, paralizando el paso en ambos sentidos de la avenida Gambetta.
La protesta ocasionó que miles de personas, entre trabajadores y escolares, quedaran atrapados sin poder llegar a sus destinos habituales.
Aproximadamente 800 unidades suspendieron operaciones en rechazo a la violencia y a la falta de respuesta de las autoridades ante el auge delictivo.
Los manifestantes exigieron presencia y acciones concretas de figuras como el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, y del gobierno central, subrayando la ineficacia del reciente estado de emergencia.
“Queremos que el alcalde venga, así como inaugura parques y veredas”, expresó un transportista a Latina Noticias. La tensión escaló al punto de enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP), que intentó desbloquear la vía sin éxito mientras algunos conductores detenían buses para que los pasajeros descendieran en plena carretera.
Avance de la Fiscalía
Frente a este escenario, la Fiscalía anunció a través de sus redes sociales la apertura de una investigación preliminar para identificar a los responsables del homicidio calificado de José Esqueche.
El caso quedó a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa del Callao (Cuarto Despacho), que ha ordenado a la Depincri de Ventanilla recoger pruebas en la escena, realizar la necropsia y asegurar las grabaciones de cámaras de videovigilancia de la zona.
De acuerdo a diversos medios de comunicación, el crimen se atribuyó a amenazas provenientes de la banda autodenominada ‘Los Chukis’, conocidos por exigir pagos de extorsión diarios a los choferes.
Las tarifas extorsivas podían oscilar entre 10 y 40 soles por vehículo, según denunciaron los afectados. “Nos piden dinero cada día. Si no pagamos, matan. ¿Qué comemos nosotros?”, comentó uno de los conductores en declaraciones recogidas por Latina Noticias.
La tensión entre las autoridades y los transportistas se mantuvo durante toda la jornada, aun después de que la policía lograra despejar parcialmente la avenida. El reclamo principal de los manifestantes era la garantía de seguridad efectiva y sostenible, y la presencia de las máximas autoridades.
“No nos vamos a mover hasta que nos den seguridad. Mañana puede ser otro chofer”, advirtió un integrante del gremio.
El incidente se produjo justo una semana después de la declaratoria del estado de emergencia, cuyo alcance y resultados han sido cuestionados.
El presidente José Jerí informó que no se implementaría un toque de queda, pese a la opinión de los transportistas sobre la insuficiencia policial y la escalada de violencia en la zona.
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