La postal de la laguna de Huacachina, rodeada por dunas doradas y vehículos tubulares que recorren sus arenas a gran velocidad, ha sido durante años uno de los principales atractivos turísticos del sur peruano. Sin embargo, detrás de la adrenalina y la belleza del paisaje se esconden riesgos que ya encendieron las alertas del Ministerio Público y de las autoridades regionales. Los buggies que operan en la zona, en su mayoría fabricados de manera artesanal, no cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.
Ante esta situación, el Gobierno dispuso la conformación de una mesa técnica con el propósito de atender de manera urgente los problemas de seguridad vinculados al uso de estos vehículos. La medida busca ordenar la actividad turística y garantizar la protección de los visitantes, así como la conservación del ecosistema de la laguna, declarada área de conservación regional.
La iniciativa responde a una advertencia de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica, que identificó un riesgo latente tanto para los turistas como para los residentes de la zona. Según el fiscal provincial Pedro Eloy Del Carpio, los vehículos que circulan en las dunas son “hechizos”, es decir, fabricados de forma informal y sin control técnico. “Estos tubulares no son de fábrica, y por tanto no cumplen con las condiciones necesarias para circular ni para prestar servicios turísticos seguros”, declaró.
El Ministerio Público detalló que el estado actual de las unidades no solo compromete la seguridad de los pasajeros, sino que podría derivar en responsabilidades penales para operadores y autoridades que toleren su uso.
Una respuesta interinstitucional
La Mesa Técnica para el desarrollo turístico seguro en el ámbito del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina dependerá del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que oficializó su creación mediante la Resolución Ministerial N.º 293-2025-Mincetur. Este grupo de trabajo tendrá la tarea de elaborar propuestas concretas para corregir las deficiencias detectadas y fortalecer la fiscalización de la actividad.
De acuerdo con la norma, la mesa será presidida por un representante del Mincetur y estará integrada por delegados de la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Ambiente e Interior, así como del Indecopi, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Provincial de Ica.
Entre sus principales funciones figura la identificación de brechas normativas, institucionales y operativas en la prestación del servicio de tubulares areneros. También deberá formular mecanismos de control y coordinación interinstitucional que permitan mejorar la fiscalización, además de diseñar un plan de acción para atender las deficiencias en seguridad detectadas durante los últimos años.
El fiscal Del Carpio advirtió que las deficiencias estructurales de los tubulares facilitan accidentes, especialmente en las zonas de mayor pendiente. “Suelen volcarse en las dunas, lo que ocasiona lesiones e incluso pérdidas humanas”, afirmó. A ello se suma la presencia de estos vehículos en vías formales, como en la zona denominada Tierra Prometida, donde funcionan talleres, cocheras y estaciones de servicio destinadas a ellos, pese a no contar con autorización.
El Ministerio Público alertó que las personas naturales o empresas que ofrecen paseos con estos vehículos podrían incurrir en delitos como lesiones culposas, homicidio culposo, exposición al peligro, fraude al consumidor, falsedad genérica y publicidad engañosa o ilegal. En tanto, los funcionarios que avalen o promuevan la circulación de unidades no autorizadas podrían ser denunciados por omisión de actos funcionales, abuso de autoridad o afectación de zonas protegidas. Este último punto resulta clave, ya que el uso de las dunas como área de parqueo altera el ecosistema y vulnera su carácter de conservación regional.
Periodo de trabajo y alcance
La mesa técnica desarrollará sus labores durante 180 días calendario, bajo la dirección del titular de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico del Mincetur. Su labor incluirá el seguimiento a los operadores turísticos, la revisión de permisos y la evaluación de alternativas que garanticen un turismo sostenible y seguro.
La Fiscalía precisó que este problema no se limita a Huacachina. Situaciones similares se presentan en otros destinos de la región, como Nasca y Paracas, donde también se utilizan vehículos adaptados sin control técnico. Por ello, el Ministerio Público cursó oficios a las autoridades locales y nacionales para alertar sobre el riesgo y promover una respuesta coordinada que evite nuevos accidentes y responsabilidades penales.
El reto, ahora, será convertir las advertencias en acciones concretas que devuelvan seguridad a una de las joyas turísticas más emblemáticas del país.
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