Este miércoles 15 de octubre, diversos sectores en Perú se movilizarán en respuesta a una convocatoria nacional que reúne a sindicatos, colectivos estudiantiles y agrupaciones vinculadas al sector transporte.
Las protestas surgen como reacción frente al aumento de la inseguridad ciudadana, la persistencia de casos de corrupción y la proliferación de extorsiones, fenómenos que afectan directamente a comunidades urbanas y rurales en el país.
Los últimos episodios de violencia —entre ellos, atentados y amenazas contra comerciantes, músicos y transportistas— han incrementado la presión social y alimentado el clima de tensión previo a esta jornada.
Las agrupaciones estudiantiles como la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA) y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEPUC), junto a otros colectivos juveniles, confirmaron su participación en Lima.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), uno de los gremios sindicales más representativos del país, también anunció su adhesión oficial a la marcha nacional,
El reclamo central: políticas concretas en materia de seguridad, reformas estructurales en la administración pública y generación de empleo digno.
Los convocantes buscan fortalecer la visibilidad de sus demandas y presionar al nuevo presidente José Jerí por cambios estructurales, en una marcha que podría paralizar servicios y actividades tanto en la capital como en regiones.
Bajo este panorama, el papel de la Policía Nacional del Perú (PNP) cobra especial relevancia para garantizar tanto la libertad de expresión como la seguridad e integridad de la población participante y no participante.
Plan de Operaciones
En respuesta a la magnitud de la protesta, y ante el miedo que genera la represión policial durante las manifestaciones, las autoridades presentaron su Plan de Operaciones para, según informó la institución, regular y asegurar un correcto despliegue de actividades para este 15 de octubre.
En una conferencia de prensa, el coronel Valle detalló cómo deberían ser los procedimientos, equipos y coordinaciones implementadas para mantener el orden público sin generar lesiones a los manifestantes.
Según contó a RPP noticias, los efectivos policiales estarán equipados con armamento catalogado como menos letal, incluyendo escopetas de caza calibre 12 y 37/38, que solo utilizarán cartuchos de propulsión sonora y de goma.
“Nosotros garantizamos el derecho fundamental de la reunión pacífica sin armas. Cuando hablamos de armas, hablamos de un término general: una simple piedra arrojada sobre la cabeza de un ciudadano civil o policial ya se convierte en un arma letal. En ninguna forma se restringe el derecho a manifestarlo pacíficamente”, fueron las palabras del coronel.
El oficial subrayó que el operativo se elaboró conforme a estándares legales y en coordinación con la Fiscalía y la Inspectoría General, con el objetivo de proteger tanto a los manifestantes pacíficos como a los agentes.
La PNP enfatizó que los efectivos se encuentran preparados para intervenir si se detectan actos violentos, priorizando estrategias no letales y garantizando siempre el respeto a los derechos humanos y a la libertad de reunión de la ciudadanía.
Al respecto, el comandante general Óscar Arriola aclaró: “Estamos cumpliendo con poner las cosas muy claras para garantizar el derecho de todas las personas y que existan espacios propicios para quienes deseen ejercer la libertad de tránsito y expresión”.
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