El asesinato de conductores y trabajadores del transporte público ha dejado a numerosas familias en situación de orfandad y precariedad. Ante esta problemática, la congresista Ruth Luque presentó un proyecto de ley que propone otorgar una pensión de orfandad a los hijos de quienes perdieron la vida como consecuencia directa de la inseguridad ciudadana, en particular por actos de extorsión o delincuencia durante el ejercicio de sus labores. La iniciativa surge en un contexto de violencia creciente, donde el sector transporte se ha convertido en blanco sistemático del crimen organizado.
El proyecto de ley tiene como objetivo central la creación de una pensión mensual para los hijos menores de 18 años, o hasta los 24 si cursan estudios superiores o técnicos, de trabajadores del transporte público formal fallecidos por causas vinculadas a la criminalidad. La norma se aplicaría a quienes estén debidamente registrados y habilitados para prestar servicios de transporte urbano, interurbano o rural en todo el territorio nacional.
¿De cuánto sería la pensión y cuáles son los requisitos?
El monto de la pensión propuesta sería similar al establecido en la Ley N° 31405, que promueve la protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Es decir, de S/ 200 mensuales por cada menor. Esta pensión sería compatible con otros programas sociales estatales, aunque no podría acumularse con otra pensión de orfandad derivada del mismo hecho.
El Poder Ejecutivo tendría un plazo máximo de 60 días desde la publicación de la ley para reglamentar su aplicación. Para acceder al beneficio, el documento plantea que los solicitantes deberán acreditar tres hechos:
- La condición formal del trabajador fallecido
- La relación de filiación
- Que el deceso ocurrió como resultado de un acto delictivo relacionado con su labor.
Para que la pensión sea efectiva, primero deberá ser debatida en la comisión del Congreso correspondiente. Posteriormente, luego de un debate y votación, recibir el respaldo del Pleno.
Inseguridad ciudadana y violencia en el transporte público
La urgencia de esta medida se fundamenta en el incremento de la violencia en el país, especialmente durante el gobierno de Dina Boluarte. Según reportes, aproximadamente 5.000 homicidios se han registrado en este periodo, con cifras récord como los 18 crímenes reportados solo el 28 de abril de 2025. El sector del transporte público formal ha sido uno de los más afectados: hasta abril de ese año, se habían reportado 15 asesinatos de transportistas, cifra que ascendió a 65 choferes fallecidos entre enero y julio, de acuerdo con datos de la Policía Nacional del Perú.
Los ataques han incluido atentados con explosivos, como el ocurrido el 12 de agosto en Carabayllo, y disparos contra conductores en distritos como San Martín de Porres. La respuesta de los gremios de transportistas ha sido de protesta y movilización. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, expresó el 7 de abril de 2025: “No escuchan el clamor del pueblo… más de 4, 6 jornadas de lucha. ¿Qué espera este gobierno?”, reflejando el descontento ante la falta de estrategias efectivas por parte del gobierno y la Policía Nacional para frenar la ola de crímenes.
Las familias de los trabajadores del sector, muchas de ellas ahora en situación de orfandad, han denunciado la inacción estatal y la pasividad del Congreso, al que acusan de no fiscalizar ni legislar en favor de su seguridad. En ese marco, se ha convocado un nuevo paro de transportistas para este jueves 2 de octubre.
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