Cinco gobiernos regionales de Perú han ejecutado menos de la mitad de su presupuesto destinado a inversiones públicas, según alertó la Contraloría General en su Nota de Prensa N° 815 - 2025-CG/GCOM. Al 16 de septiembre de 2025, estas regiones solo utilizaron el 50% o menos de los S/ 1.424 millones asignados en conjunto para obras y proyectos, una situación que podría retrasar el cierre de brechas de infraestructura y limitar el acceso de la población a servicios esenciales.
Ejecución presupuestal por región
El informe de la Contraloría General detalla que los gobiernos regionales de Huánuco, Lambayeque, Áncash, Callao y Tumbes presentan los niveles más bajos de ejecución presupuestal en el país. Huánuco encabeza la lista con un avance del 41,4%, lo que equivale a S/ 154,8 millones de los S/ 383 millones asignados. Lambayeque ha utilizado el 44,8% de su presupuesto, es decir, S/ 169 millones de S/ 377,1 millones. Áncash registra una ejecución del 44,9% (S/ 82,6 millones de S/ 198,5 millones), mientras que el Callao alcanza el 45,2% (S/ 109,3 millones de S/ 299,7 millones). Tumbes, por su parte, ha invertido el 49,9% de los S/ 165,3 millones que le corresponden, lo que representa S/ 79,3 millones.
Importancia de la inversión pública y retrasos en obras
El presupuesto de inversión pública, según la Contraloría General, está destinado a la creación, ampliación o modernización de hospitales, colegios, vías y otras infraestructuras que buscan mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico regional. La baja ejecución de estos recursos no solo retrasa la entrega de obras, sino que también pone en riesgo la utilización eficiente de los fondos, ya que, de no gastarse a tiempo, podrían revertirse al Tesoro Público al cierre del ejercicio fiscal.
Estas entidades han acumulado cerca de 50 proyectos que debieron concluir en el primer semestre del año y que, al 4 de agosto, seguían en ejecución. Ante el vencimiento de los plazos programados, las entidades responsables debieron adoptar medidas como ampliaciones, reprogramaciones o la liquidación de los proyectos, además de actualizar la información en los sistemas informáticos para garantizar la transparencia y trazabilidad del gasto público, según lo señalado por la Contraloría General.
Recomendaciones y seguimiento de la Contraloría General
En respuesta a estos retrasos, la Entidad Fiscalizadora Superior recomendó en agosto a los titulares de los gobiernos regionales con menor ejecución presupuestal que implementen acciones preventivas y correctivas. El objetivo es asegurar que los recursos asignados cumplan su finalidad pública y evitar la pérdida de fondos por falta de uso oportuno. La Contraloría General enfatizó la importancia de estas medidas para que la población reciba los beneficios previstos en obras y servicios.
Tras la notificación de los informes de control simultáneo, los gobiernos regionales que presentaban un avance inferior al 40% al 4 de agosto han mostrado cierta mejora, alcanzando entre el 41% y el 49% de ejecución al 16 de septiembre, según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. La Contraloría General reiteró su compromiso de mantener el seguimiento a las entidades con bajo nivel de gasto, con el propósito de que la ciudadanía pueda acceder a obras y servicios públicos de calidad.
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