El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo pidió al defensor Josué Gutiérrez desistir de la demanda de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley N.° 32419, norma que otorga amnistía a policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos. Recordemos que se señaló una inconsistencia de esta institución, debido a que en un principio apoyó la norma y luego se opuso.
Los trabajadores alertaron que esta acción debilita la esencia institucional y afecta la confianza ciudadana en un organismo que históricamente ha defendido de manera irrestricta los derechos fundamentales.
En un comunicado, los servidores expresaron su “profunda preocupación” porque la iniciativa del defensor abre la posibilidad de que un TC con poca credibilidad declare constitucional la norma, lo que impediría que jueces y fiscales apliquen el control difuso.
“La imagen de la institución se está viendo afectada por acciones que no representan la trayectoria ética ni la neutralidad que siempre caracterizó a la Defensoría”, advirtieron.
Contradicciones y cuestionamientos
Los trabajadores recordaron que en abril de este año, el funcionario de confianza de Gutiérrez y adjunto de Derechos Humanos, Carlos Fernández Millán, respaldó públicamente la Ley de Amnistía durante una sesión en el Congreso. Aunque el defensor luego afirmó que esa no era la posición institucional, no adoptó ninguna medida contra el funcionario ni fijó un pronunciamiento claro cuando la ley fue promulgada.
El sindicato también remarcó que varios magistrados ya han inaplicado la norma en distintos procesos, reconociendo su carácter inconstitucional. Sin embargo, denunciaron que estos jueces vienen siendo objeto de ataques políticos, sobre todo desde el Parlamento, lo que agrava la situación de vulnerabilidad.
Llamado al defensor
En su pronunciamiento, los trabajadores reafirmaron su compromiso con las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000, y con la defensa de la memoria y la justicia. “Nuestro deber es respaldar el derecho de las víctimas a alcanzar justicia, así como exigir que las Fuerzas Armadas y la Policía separen de sus filas a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”, señalaron.
Convocaron, por último, a Josué Gutiérrez a evaluar el retiro de la demanda y, en su lugar, utilizar las facultades que le otorga la Constitución para presentar iniciativas legislativas que busquen la derogatoria de la ley de amnistía.
Rechazo colectivo
La presentación de la demanda no solo generó malestar dentro de la Defensoría. Familiares de víctimas y defensores de derechos humanos también cuestionaron la decisión.
La exministra de Cultura Gisela Ortiz, cuyo hermano fue asesinado por el Grupo Colina, afirmó que la acción de Gutiérrez representa un riesgo: “Exigimos que la Defensoría retire esa demanda. Si el TC declara constitucional la Ley, los jueces no podrán aplicar el control difuso”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) recordó que la institución mostró apoyo a la norma cuando se debatía en el Congreso, lo que ahora evidencia una contradicción.
Movilización en las calles
En paralelo, los familiares de víctimas de violencia anunciaron una jornada de protesta para este jueves 18 de septiembre bajo el lema “Hasta que la justicia se haga costumbre”.
La movilización se iniciará a las 3:30 p.m. frente a la sede de la Defensoría del Pueblo (Jr. Ucayali N.° 394, Lima), donde entregarán una carta al defensor exigiendo que retire la demanda. Posteriormente, marcharán hacia el Palacio de Justicia, donde realizarán un plantón en el marco de la vigilia que sostienen desde hace cinco semanas.
“Amnistía no es justicia, es impunidad para responsables de violaciones a los derechos humanos”, señalaron en su convocatoria.
Un escenario de tensión
La ley de amnistía, promovida por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte, ya fue cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió al Perú abstenerse de aplicarla.
A nivel interno, magistrados como Jorge Chávez Tamariz, Leodán Cristóbal Ayala y Richard Concepción Carhuancho han decidido inaplicarla en distintos casos. Pero el magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse recordó que, si el tribunal la declara constitucional, todos los jueces estarán obligados a aplicarla.
En medio de este panorama, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que promoverá acciones legales contra los jueces que no la apliquen y sostuvo que su sector tiene la “obligación” de defender la norma.
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