Poder Judicial suspende por 18 meses al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, por caso “Policías albañiles”

El Poder Judicial decidió suspender por 18 meses al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, en el marco de las investigaciones del caso “policías albañiles”. La medida fue dictada por la jueza Janet Lastra Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, tras declarar fundada la solicitud del fiscal provincial Arturo Marcos Valencia Paiva, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Con esta disposición, Zanabria no podrá ejercer funciones ni ocupar su cargo en la institución policial durante el tiempo señalado, mientras avanzan las diligencias fiscales y judiciales en torno a los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad que se le imputan.

Antecedentes del caso

El proceso se remonta al año 2020, cuando Zanabria se desempeñaba como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa. Según la hipótesis del Ministerio Público, durante su gestión se habría obligado a seis suboficiales a realizar trabajos de albañilería, electricidad y gasfitería en instalaciones policiales, pese a que oficialmente figuraban asignados a labores de patrullaje a pie.

Las primeras denuncias fueron recogidas en un reportaje televisivo y luego ampliadas por los propios suboficiales ante la Fiscalía Anticorrupción. Este hecho dio origen a la investigación preliminar, que posteriormente se robusteció con testimonios y evidencias adicionales que comprometerían la actuación de Zanabria.

Testimonios clave

Entre las declaraciones más relevantes figura la de la mayor PNP Claudia del Castillo, exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa, quien aseguró haber recibido órdenes directas de Zanabria para solicitar personal con conocimientos técnicos en construcción, bajo el argumento de que serían destinados a patrullaje. Del Castillo confirmó ante el Ministerio Público que estos efectivos terminaron ejecutando trabajos de albañilería dentro de recintos policiales.

A este testimonio se sumó el del maestro de obra Claver Colquehuanca, quien relató que recibió una transferencia de más de S/17 mil por sus servicios en la remodelación de una infraestructura policial, monto que superaba lo acordado inicialmente. Según declaró, Zanabria le habría instruido: “Cóbralo, te haces del cobro de lo que te corresponde y el resto me lo das”. Este relato reforzó la hipótesis fiscal de apropiación indebida de recursos públicos.

Investigación en desarrollo

El Ministerio Público sostiene que los hechos evidencian un presunto desvío de fondos y un uso irregular de recursos humanos y financieros de la PNP. En esa línea, se investiga la posible comisión de peculado doloso y colusión agravada, delitos que podrían acarrear sanciones severas para el alto mando policial.

Mientras tanto, la suspensión dictada por el Poder Judicial busca garantizar el normal desarrollo de las investigaciones, evitando que Zanabria influya en testigos o en el curso de las diligencias. La PNP deberá designar a un nuevo comandante general interino para asegurar la continuidad institucional mientras dure la medida.

PNP rechaza denuncia

En julio de 2025, la PNP difundió un pronunciamiento oficial en defensa del comandante general Víctor Zanabria. En el comunicado, la institución aseguró que la construcción de la capilla en Arequipa se realizó con aportes voluntarios y la participación activa de su personal, sin afectar el servicio ni emplear recursos públicos. Además, precisó que la obra buscaba brindar un espacio de bienestar religioso para la comunidad católica de la región, reafirmando que colaboró con el Ministerio Público en el marco de las investigaciones.

Por su parte, el general Zanabria negó las acusaciones y reiteró que los trabajos ejecutados por suboficiales fueron voluntarios y con fines institucionales. No obstante, el abogado de los denunciantes presentó documentación que, según indicó, contradice esta versión. A ello se suma que en junio, tanto Zanabria como un coronel implicado en el caso no acudieron a la citación del fiscal provincial Arturo Valencia.