La presidenta Dina Boluarte realizó una inspección en la isla de El Frontón, donde sostuvo conversaciones con técnicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) para definir la reapertura del emblemático penal. Durante el recorrido, la mandataria consultó sobre los plazos para elaborar el expediente técnico y ejecutar la demolición del recinto. Según estimaciones, de obtener la aprobación del proyecto, en enero del 2026 se iniciarían las obras.
“En cuatro meses estaríamos haciendo demoliciones totales y nivelación de tierras. En enero del otro año tendríamos que empezar”, respondió un especialista de la Oficia de Gestión de Inversiones del Minjus a la consulta de la jefa de Estado, quien pidió plazos.
El plan contempla que, tras la demolición y limpieza del área, la colocación de la primera piedra podría concretarse en mayo, con avances sustanciales programados para julio. “Esto es una obra real y concreta, que el Frontón se reabre”, se le oye decir a la mandataria.
La visita al antiguo penal se produce días antes de una reunión extraordinaria convocada por el Ejecutivo para este martes 2 de septiembre a las 16:00. El objetivo central será elaborar el proyecto de reapertura del establecimiento carcelario en esta isla, que se ubica frente a Callao. Pese a que en un inicio el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, sostuvo que la reactivación del penal permitiría albergar a siete mil reclusos catalogados como altamente peligrosos, Presidencia y Minjus aclararon que sería de dos mil.
En una reciente entrevista, el ministro aseguró que la propuesta será sometida a votación y los resultados se harán públicos: “Lo que haremos es hacer pública la votación para que todo el pueblo peruano pueda saber quiénes votaron a favor y quiénes en contra”, declaró para Recutecu.
“Reabrir El Frontón costaría S/ 5 mil millones”
Javier Llaque, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sostuvo en declaraciones recogidas por Panamericana que “el hacinamiento es un problema que debemos atacar con megapenales”, mostrando escepticismo sobre la viabilidad técnica de reabrir El Frontón. El exfuncionario alertó sobre el alto costo operativo y logístico que implicaría la gestión de un centro en una isla, indicando que “el INPE tendría que tener una flota de lanchas para trabajar adecuadamente”.
Llaque cuestionó además la eficiencia de la inversión proyectada: “Cinco mil millones de soles era el presupuesto más barato para la reapertura del penal. Con ese dinero se podría construir diez penales de 500 millones de soles cada uno para albergar cuatro mil internos cada uno”, calculó y señaló que existen proyectos de megapenales con expedientes técnicos ya finalizados pendientes únicamente de financiamiento.
La penitenciaría de El Frontón, ubicada en una isla frente al litoral central del Perú, funcionó desde inicios del siglo XX hasta su cierre en la década de los ochenta y es recordada por el motín de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, cuando una intervención militar tras un levantamiento de internos de Sendero Luminoso dejó decenas de muertos. Las dificultades logísticas y los elevados costos de operación llevaron finalmente al cierre del penal, según reconstruyó El Dominical de Panamericana.
El futuro de la infraestructura y el manejo de la crisis penitenciaria se mantiene como tema prioritario en la agenda política peruana, mientras se esperan las definiciones y votaciones en la Comisión Coordinadora de Criminología a partir de la reunión del martes.
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