
A partir del 9 de septiembre, miles de pacientes de EsSalud se quedarán sin atención médica debido a una huelga indefinida convocada por el personal médico y diez gremios que representan a trabajadores en todo el país. El Sindicato Nacional Médico del Seguro Social (Sinamssop) denuncia corrupción en la compra de equipos, alquiler de locales a precios elevados, malas condiciones en los hospitales y una administración copada por funcionarios vinculados a Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña. Los sindicatos exigen la renuncia inmediata del presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego.
“El actual presidente del Seguro Social desconoce el funcionamiento de la institución pese a llevar meses en el cargo (...). Hasta ahora no tenemos respuesta a nuestras demandas. Nos ha aplicado la política del avestruz: silencio ante el colapso que se vive en los hospitales”, afirma Santiago Vinces, secretario general del Sinamssop,a Hildebrandt en sus trece, en representación de los gremios convocantes. Según el dirigente, la falta de diálogo y el incumplimiento de compromisos firmados en 2023 han agudizado el conflicto con la gestión de Acho.
Vinces recuerda que en septiembre del año pasado, autoridades y gremios firmaron acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Seguro Social. “Acordamos reconocimiento para los médicos especialistas, bonificaciones para colegas que trabajaban en zonas rurales y otros 30 puntos que EsSalud hasta ahora no ha cumplido”, sostiene. Los sindicatos denuncian que la actual administración incumplió todos los convenios previos y tomó decisiones unilaterales que empeoraron la crisis institucional.

Copamiento y crisis en la gestión, según denuncian los gremios
Los representantes sindicales acusan a Segundo Acho de designar a funcionarios sin experiencia en salud y por su cercanía con APP. Entre los casos mencionados se encuentran William Alcántara Infantes, gerente central de Planeamiento y Presupuesto, exfuncionario de la Universidad César Vallejo y asesor en el Congreso; Henry Morales Marín, subgerente de Adquisición y Ejecución Contractual, militante de APP desde 2014; y responsables designados en las redes de Jaén, La Libertad y Apurímac. “Varios de los cargos gerenciales están siendo ocupados por personas vinculadas a Alianza para el Progreso”, denuncia Vinces.
A su vez, Juana Rojas, representante del Sindicato de Obstetras de EsSalud, cuestiona la precariedad de los servicios. “En hospitales como el Ramiro Prialé de Junín las emergencias se atienden en pasadizos, sin equipos ni material adecuado. No hay ni estetoscopios ni termómetros (...). En el hospital Lazarte, de La Libertad, han instalado una sala de partos en un patio, con ambientes hacinados que vulneran la privacidad y dignidad de las madres”. De acuerdo con los voceros, esta problemática se repite en todo el sistema.
La crisis alcanza también al personal asistencial. “Un solo técnico o profesional atiende a 24 o 30 pacientes, lo cual es imposible. Hospitales como el Juan José Rodríguez, de Chorrillos, o el Alcantara de La Molina, han colapsado porque se han triplicado los pacientes”, señala Juana Gálvez, representante del Sindicato de Técnicos Sociales y Asistenciales de EsSalud. Los sindicatos anuncian su adhesión a la huelga indefinida y responsabilizan a la gestión por el deterioro de los servicios.

Corrupción, privatización y amenazas a la autonomía presupuestal
El tema de la corrupción también concentra las denuncias gremiales. “EsSalud tiene el índice de corrupción más alto de todas las instituciones públicas: 83% de inconducta funcional y 91% de corrupción, según cifras de la Contraloría”, advierte Vinces al semanario. Reclaman la toma de medidas urgentes y citan casos como el intento de poner en funcionamiento la Torre Trecca —edificio abandonado cuyo reacondicionamiento costará S/ 625 millones—, convenios con empresas privadas y la promoción de asociaciones público-privadas en diversos departamentos por más de S/ 4.000 millones.
En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, señalan que el equipo Ciclotrón, que debería generar insumos para diagnóstico de cáncer, permanece paralizado hace dos años mientras el Seguro Social paga a empresas privadas por insumos equivalentes. Según Vinces, esto responde a malas decisiones y “no es falta de dinero, sino mala gestión e incapacidad de ejecutar inversiones (...) Las autoridades prefieren pagar alquileres que desarrollar hospitales propios”, añade. Se calcula que de los 400 locales de EsSalud, más de 130 funcionan en inmuebles alquilados a precios que oscilan entre S/ 20.000 y S/ 30.000 mensuales.
Vilma Alvarado, secretaria del Sindicato de Enfermeras de EsSalud, exige además la anulación del Decreto Legislativo 1666, que transfiere fondos del Seguro Social al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), iniciativa rechazada por los sindicatos por considerarla inconstitucional. “EsSalud no forma parte del presupuesto del gobierno. Tenemos nuestro propio presupuesto y autonomía. Incluir al Seguro Social en ese decreto es inconstitucional”, reclama.
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