El Ministerio Público advirtió que desde septiembre ya no podrá ejecutar operativos contra la extorsión, la minería ilegal y otros delitos graves debido a la crisis presupuestal que enfrenta.
La alerta fue emitida mediante un pronunciamiento conjunto de los coordinadores nacionales y representantes de las Fiscalías Especializadas y Penales, quienes expresaron su preocupación por la negativa del Gobierno de Dina Boluarte a asignar mayores recursos a la institución.
Los fiscales supremos recordaron a la ciudadanía que la Constitución les atribuye la función de perseguir el delito y defender la acción penal. Sin embargo, señalaron que esa labor está en riesgo y que la falta de fondos afecta directamente el trabajo de todos los miembros del Ministerio Público.
“Esta función y atribuciones están en serio riesgo debido a la negativa del Ejecutivo a asignarnos el presupuesto solicitado, el cual, además, ha sido debidamente sustentado. El Ministerio Público necesita, para este año, ochenta y un millones de soles para no afectar el trabajo de todos los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a la labor fiscal”, advierten.
En ese sentido, precisaron que a partir de septiembre todas las diligencias fiscales estarían en riesgo y que los operativos contra el crimen organizado, la extorsión, la violencia contra la mujer, la corrupción, la trata de personas y la minería ilegal podrían dejar de ejecutarse.
Por ello, los fiscales hicieron un llamado al Gobierno central y recordaron que deben trabajar de manera conjunta frente al avance de la criminalidad.
“El Ejecutivo ha declarado que debemos luchar juntos contra la minería ilegal y contra el crimen, que no es momento de enfrentarnos entre instituciones y estamos totalmente de acuerdo con ellos. Nuestro éxito es el resultado del trabajo conjunto que hacemos con otras instituciones, pero no podemos exigir a los fiscales que trabajen sin las mínimas condiciones”, emplazaron.
Finalmente, reiteraron su pedido para que se atienda el incremento presupuestal, con el fin de garantizar el acceso a la justicia para todos los peruanos.
“La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia”, concluyeron.
Falta de presupuesto ya había sido alertada
Las tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público han alcanzado un nuevo punto crítico a raíz de la reducción presupuestaria que afecta las labores fiscales, una decisión percibida como una posible represalia de Dina Boluarte. Víctor Cubas, vocero de la institución, denunció que la disminución del presupuesto asignado impide el normal funcionamiento de la Fiscalía, especialmente en el contexto del aumento de casos de extorsión, sicariato y crimen organizado.
Cubas precisó que en 2025 el presupuesto del Ministerio Público se redujo en un 4 % con respecto al año anterior. En 2024 la Fiscalía recibió 3.044 millones de soles, cifra que —a juicio del vocero— debía incrementarse por el aumento de la carga laboral y demanda de servicios en la administración de justicia. Sin embargo, la asignación actual bordea apenas los 2.900 millones, lejos de los 150.000 millones solicitados por la propia Fiscalía antes de la aprobación presupuestaria.
“El Ministerio Público es un órgano constitucional encargado de investigar. Pero, la investigación requiere de un apoyo logístico, por ejemplo, requiere de tener apoyo pericial, requiere implementar laboratorios de ciencias forenses. El elevado índice de asesinatos requiere que haya una diligencia esencial, que es la necropsia de ley, tiene que haber morgues. (...) El Ministerio Público, con el presupuesto escaso que tiene, no puede implementar esto y lo que tiene implementado no es suficiente para la demanda que hay, dado el elevado índice de criminalidad”, afirmó Cubas en una entrevista a RPP en abril.
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